En las últimas horas, dos diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron un pedido de informes al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para que brinde precisiones sobre la implementación del Decreto 238/2025, que dispuso un fondo especial de asistencia de hasta $200.000 millones para los damnificados por las inundaciones ocurridas el 7 de marzo en Bahía Blanca.
Es preciso mencionar que, la solicitud fue impulsada por los diputados nacionales, Juan Manuel López y Victoria Borrego, junto al ex legislador y candidato a diputado bonaerense por la Sexta sección electoral, Andrés De Leo, en medio del escándalo por las coimas en discapacidad que descubrió una presunta red de corrupción dentro de la administración libertaria que estaría encabezada por Karina Milei.
En la nota dirigida al Gobierno, los diputados nacionales remarcaron que la asistencia debía canalizarse a través del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), pero según los informes oficiales solo se ejecutaron $65.239 millones, quedando pendientes $134.761 millones.
A su vez, los legisladores de la Coalición Cívica señalaron que de los 32.076 beneficios otorgados a los vecinos damnificados por la inundación de Bahía Blanca, todavía hay 3.962 solicitudes en trámite, lo que pone en duda el cumplimiento de los plazos anunciados por la propia administración libertaria en su momento.
Cabe señalar que, el planteo de la Coalición Cívica también recordó que el Congreso había sancionado la Ley 27.790 declarando la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, que incluye medidas de alivio fiscal y financiero para familias, comercios y PyMEs, pero esa normativa fue vetada por el presidente Javier Milei bajo el argumento de que “el decreto ya garantizaba la asistencia”.
No obstante, los legisladores enfilados detrás de Lilita Carrió advirtieron que la ayuda real que recibieron los vecinos de Bahía Blanca dista de lo prometido por el Gobierno nacional, al tiempo que destacaron que a casi seis meses de la tragedia, la mayor parte de los fondos permanece sin ejecutarse.
Por otro lado, el documento ingresado al Parlamento con el respaldo de De Leo cuestionó los criterios de distribución de los subsidios establecidos por el Ministerio de Seguridad mediante la Resolución 532/2025, que fijó $2 millones por vivienda en zonas de afectación media y $3 millones en zonas de afectación alta.
Es que, los diputados nacionales de la Coalición Cívica plantearon que, con las reglas dispuestas por el Gobierno de Javier Milei, muchos sectores de Bahía Blanca quedaron excluidos, pese a haber sido contemplados originalmente en la ley vetada.
“Es necesario aclarar si se cumplirán medidas complementarias que asistan a comerciantes, monotributistas y PyMEs, quienes quedaron sin respaldo después del veto presidencial”, plantearon López, Borrego y De Leo en el escrito, en el que también exigieron saber si el Gobierno prevé mecanismos para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los fondos asignados.
En tanto, el pedido de informes hizo hincapié en que, de acuerdo a los escritos remitidos al Senado, los pagos debían concretarse dentro de los treinta días posteriores a la inscripción de cada familia, pero aún persisten retrasos y expedientes sin resolución. Frente a esa situación, la Coalición Cívica reclamó explicaciones sobre los motivos de la demora y el destino final de los recursos que no se utilizaron.
Es que, los legisladores advirtieron que la magnitud del desastre obliga al Ejecutivo a garantizar una ayuda real y oportuna para las miles de familias afectadas, ya que muchas de ellas aún enfrentan consecuencias económicas graves. “Es fundamental que se informe a la población sobre la asistencia efectivamente otorgada y sobre el uso de los fondos públicos”, remarcaron.
En paralelo, Andrés De Leo reforzó el planteo a través de sus redes sociales, donde sostuvo que acompañó a los diputados nacionales en el pedido de informes para que Francos dé explicaciones en el Parlamento sobre el veto presidencial a la ley de asistencia: “Quedaron sin aplicarse más de dos tercios del total de los fondos públicos aprobados”, denunció el dirigente de la Sexta sección electoral.
La Coalición Cívica reclama en medio del escándalo por las coimas en discapacidad
Es preciso mencionar que, el pedido de informes de la Coalición Cívica se da en un contexto atravesado por la causa judicial que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucra a funcionarios nacionales y empresarios del rubro farmacéutico.
La causa estalló a partir de la filtración de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde mencionaba pedidos de retornos por parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para destrabar expedientes vinculados a la cobertura de medicamentos.
En ese marco, la Justicia ordenó allanamientos y secuestró más de 266 mil dólares y 7 millones de pesos al empresario Emmanuel Kovalivker, socio de la droguería Suizo Argentina, una de las firmas señaladas en el escándalo. El caso también alcanzó al ministro de Defensa, Luis Petri, debido a un contrato por $50.000 millones firmado por la obra social IOSFA con la misma empresa, lo que motivó fuertes críticas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Desde la oposición remarcan que los hechos de corrupción en discapacidad, sumados al manejo irregular de los fondos para emergencias, muestran un patrón de opacidad en la gestión de recursos públicos. “La ciudadanía merece saber cómo se están utilizando los fondos que deberían asistir a quienes más lo necesitan”, plantearon legisladores bonaerenses en el marco del debate.
Con la investigación en curso, distintos espacios opositores a la administración libertaria reclaman mayor transparencia y controles estrictos en la asignación de subsidios y contratos, mientras que organizaciones sociales y sindicales advierten que el desmanejo impacta de manera directa en sectores vulnerables, como personas con discapacidad, jubilados y damnificados por desastres naturales.
