El reciente decreto firmado por el presidente Javier Milei para nombrar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó una fuerte reacción de los sectores políticos de la oposición en el Congreso, que advirtieron que se trata de una medida que prescinde del acuerdo del Senado, lo que fue calificado como “inconstitucional” por gran parte del arco político.
Es preciso mencionar que, el decreto del Gobierno nacional llega en un momento de suma tensión para la administración libertaria, mientras tambalea la investidura presidencial por la estafa que encabezó Milei con la criptomoneda $Libra, que fogonea el debate en el Congreso sobre el respeto a los procedimientos institucionales en la designación de magistrados.
El primero en posicionarse respecto al decreto para designar a Lijo y García – Mansilla fue el bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), que expresó su descontento con la decisión del presidente Milei y señaló que “este decreto tensa la relación entre los poderes del Estado y atenta contra la institucionalidad” de la Argentina.
“Es verdad que la Corte Suprema tiene dos vacantes que deben llenarse para que el máximo organismo judicial de la Argentina funcione como manda la Constitución Nacional, pero no compartimos el apuro del Gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso“, escribieron los diputados radicales en el comunicado.
Es que, según las palabras escritas por los legisladores del radicalismo de la Cámara baja, la decisión del Gobierno nacional de designar los nuevos jueces a través de un decreto “debilita el rol del Congreso y vulnera el equilibrio de los tres poderes” que establece la Constitución de la Argentina.
Por caso, la justificación del Gobierno para emitir el decreto se basa en la “necesidad de completar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema, con el objetivo de permitir su normal funcionamiento de acuerdo con la Constitución Nacional“. Sin embargo, la UCR considera que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo “es inadecuado”, y que la urgencia alegada no justifica la omisión del debido proceso, que establece que el Senado debe prestar acuerdo para la designación de los ministros del máximo tribunal.
“En el caso de Lijo la situación es de mayor complejidad, porque su nominación por el Poder Ejecutivo, formulada hace casi un año, recogió el rechazo de organizaciones de abogados y de la mayoría de la sociedad. Es que, en la audiencia realizada en el Senado, la candidatura de Lijo recibió 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación, mientras que en el encuentro en el Ministerio de Justicia, su postulación tuvo más de 350 cuestionamientos”, completaron desde la UCR.
En paralelo al descargo realizado por los legisladores de la Unión Cívica Radical, el interbloque de senadores de Unión por la Patria también se pronunció en contra del decreto presidencial, al afirmar que la medida vulnera de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional.
En un comunicado oficial, los legisladores de la Cámara alta del espacio político más opositor al Gobierno nacional, denunciaron que el presidente Milei “ejerce facultades que no le corresponden y quebranta el orden constitucional” que tanto le costó recuperar a la Argentina.
Por caso, los senadores del peronismo recordaron que el pasado 26 de noviembre el interbloque ya había adelantado su compromiso de rechazar cualquier nombramiento en comisión y por decreto para la Corte Suprema, al señalar que este procedimiento “es incompatible con el sistema republicano y federal de Gobierno”.
En esa línea, la bancada de senadores de Unión por la Patria sentenció: “Esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho“.
En este contexto, la posibilidad de que el Senado intervenga para revertir la medida sigue abierta. Es que, desde los distintos espacios políticos de la oposición plantearon la alternativa de demorar el juramento de los jueces designados, una estrategia que ya fue utilizada en otros momentos de la historia reciente.
Esta acción del arco opositor al Gobierno nacional, podría permitir que el Congreso finalmente debata y vote los pliegos para las designaciones de Lijo y García – Mansilla, devolviendo el proceso a los cauces constitucionales. Sin embargo, aún resta que las autoridades de la Corte Suprema cumplan con su palabra, y no convoquen a los nuevos jueces designados a la jura pertinente.
Cabe recordar que, las dos vacantes en la Corte Suprema que el Gobierno intenta llenar por decreto, se abrieron el año pasado luego de las renuncias de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, lo que redujo el tribunal a solo tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Congreso: precedentes y controversias en torno a la designación por decreto de Lijo y García – Mansilla
Es preciso mencionar que, el decreto firmado por Milei trajo colación el antecedente de 2015, cuando el expresidente Mauricio Macri designó por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte Suprema. En aquel momento, la medida fue ampliamente criticada por la oposición y, ante la presión política, ambos jueces terminaron asumiendo con el acuerdo del Senado.
En este caso, el Gobierno sostiene que su decisión está respaldada por la Constitución Nacional y por el antecedente histórico de otros presidentes que han utilizado este mecanismo, como Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín y Menem.
Sin embargo, los sectores más críticos a la administración de La Libertad Avanza sostienen que el contexto político actual, marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, hace que la medida del Gobierno sea particularmente conflictiva.
Si bien el comunicado del Gobierno enfatizó que, pese a la designación en comisión, el proceso legislativo seguirá su curso y la administración continuará buscando que el Senado preste acuerdo a los pliegos, la oposición del Congreso advirtió que podría tomar medidas legales para frenar la decisión.
