En las últimas horas, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) encendió una nueva alarma al advertir por la caída de la actividad, la paralización de obras públicas y privadas y la falta de definiciones sobre los contratos pendientes con el Gobierno, lo que configura una crisis sin precedentes en el sector que no solo afecta a las empresas constructoras.
El pronunciamiento se dio en el marco del 146º Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, que se reunió en Paraná para analizar la situación de la industria. Los representantes de empresas constructoras de todo el país coincidieron en que el freno de la inversión pública y privada golpeó directamente en el entramado productivo, en la provisión de servicios básicos y en la competitividad de la economía nacional.
En un documento consensuado, la entidad señaló que la construcción no puede reducirse a una mera actividad económica, sino que representa inclusión social, progreso y la posibilidad de fortalecer comunidades enteras. Por eso, advirtieron que cada obra pública paralizada significa menos empleo, más incertidumbre para las economías regionales y un retroceso en la calidad de vida de los habitantes.
En ese sentido, los empresarios que integran la Cámara Argentina de la Construcción también pusieron el foco en la “deuda de infraestructura” que arrastra la Argentina, reflejada en rutas deterioradas, puertos que necesitan modernización, sistemas energéticos que quedaron obsoletos y falencias en saneamiento básico, como cloacas y agua potable. Según alertaron, este déficit no solo eleva el costo argentino y resta competitividad a las empresas locales, sino que además limita las posibilidades de crecimiento regional y compromete el futuro productivo del país.
Otra de las preocupaciones centrales expresadas en el encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción fue la falta de soluciones respecto a los contratos frenados y a las deudas acumuladas por el Estado con las empresas por obras ya ejecutadas. Es que, la Cámara remarcó que la infraestructura social, que abarca desde viviendas hasta hospitales y escuelas, es clave para garantizar derechos y al mismo tiempo dinamizar la economía, por lo que reclamaron al Gobierno nacional que honre los compromisos asumidos.
Como propuesta, la Cámara Argentina de la Construcción planteó la necesidad de implementar un plan federal de infraestructura con horizonte de 20 años, que contemple la reactivación de las obras avanzadas, el reconocimiento de las deudas con el sector, nuevos esquemas mixtos de financiamiento y estímulos concretos al crédito hipotecario y al desarrollo inmobiliario.
Al mismo tiempo, los empresarios del sector de la construcción que alertaron la crisis que los aqueja, le pidieron al Gobierno nacional de Javier Milei “más transparencia en la gestión de fondos y mecanismos de promoción del empleo formal”, como una vía para generar previsibilidad en la actividad.
En tanto, el contexto actual se agrava por el fuerte aumento en los costos de construcción. De acuerdo con un informe de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Constructoras (Apymeco), en la provincia de Buenos Aires el metro cuadrado ya ronda los $2 millones. En apenas un año el costo se triplicó, lo que obligó a muchas familias a postergar el sueño de la casa propia y a pequeños desarrolladores a frenar proyectos que resultan imposibles de financiar.
La combinación de inflación en los insumos, paralización de la inversión pública y falta de crédito privado configura un panorama crítico que, según la Cámara Argentina de la Construcción, amenaza con poner en jaque a miles de empresas de distintos tamaños y a los puestos de trabajo asociados directa e indirectamente a la actividad. Frente a esto, los empresarios insistieron en que “la plata invertida en obras no es un gasto, sino una apuesta al futuro”.
La crisis en la construcción también golpea a la provincia de Buenos Aires
Es preciso mencionar que, en la provincia de Buenos Aires la crisis de la construcción se refleja con especial crudeza en el interior, donde numerosos municipios quedaron con obras públicas frenadas desde el inicio de la administración de Javier Milei. Según relevamientos de cámaras sectoriales difundidos en la Legislatura bonaerense, la paralización de proyectos viales e hídricos, sumada al freno en la edificación de viviendas sociales, impacta de lleno en los productores rurales y en la conectividad de pueblos que quedan aislados con cada temporal.
En ese sentido, diputados y senadores provinciales advirtieron en reiteradas oportunidades que la caída de la actividad se traduce en una menor generación de empleo en la obra pública, uno de los motores tradicionales de la economía bonaerense. Además, la falta de mantenimiento en rutas y caminos rurales agrava la situación de los sectores productivos, que deben enfrentar mayores costos logísticos para sacar la producción en medio de un contexto económico adverso.
En los últimos meses, dirigentes del peronismo y la oposición coincidieron en señalar que el freno de los recursos nacionales destinados a infraestructura perjudica especialmente a la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% de la población del país. También remarcaron que la falta de inversión golpea a sectores estratégicos como la construcción de viviendas, la ampliación de redes de agua potable y la infraestructura escolar.
En este marco, tanto los intendentes como los legisladores bonaerenses piden que se retomen las partidas de obra pública y que el Gobierno nacional garantice los fondos necesarios para sostener un nivel mínimo de actividad que evite el deterioro económico y social. La crisis en la construcción, sostienen, se convirtió en uno de los termómetros más claros del parate económico que afecta a toda la provincia.
