El Gobierno nacional dispuso la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa encargada de la administración de rutas y peajes en el país. La decisión, oficializada a través del Decreto 244/2025, responde a la necesidad de auditar la gestión y optimizar su funcionamiento, en el marco del plan de privatización impulsado por la administración de Javier Milei.
Con esta medida, el control de la compañía cambia de manos, generando una disputa interna entre el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Con la intervención decretada, Anastasia Adem asumirá como interventora de la empresa, luego de desempeñarse como gerente general de la Casa de la Moneda entre 2020 y 2023, y reportará directamente a Eduardo Menem, lo que supone un cambio en la estructura de mando de Corredores Viales, anteriormente bajo la órbita de Caputo.
La función principal de la intervención es llevar adelante una auditoría completa para evaluar el estado financiero y operativo de la empresa. En ese contexto, el decreto establece que Adem tendrá facultades para revisar compras, contrataciones, recursos humanos y aspectos administrativos. Asimismo, la nueva interventora tendrá la facultad de remover y designar funcionarios según lo considere necesario.
En tanto, la designación de Adem refuerza la influencia de Eduardo Menem dentro del Ejecutivo y desplaza la incidencia que hasta ahora tenía Caputo en la administración de la empresa, lo que reaviva las tensiones entre ambos funcionarios, quienes representan diferentes líneas dentro del oficialismo libertario.
Por otro lado, la actual conducción nacional sostiene que la intervención permitirá mejorar la eficiencia en la gestión de la empresa y garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos. Sin embargo, el proceso de privatización genera incertidumbre entre los trabajadores y en sectores vinculados a la infraestructura vial, ya que aún no se precisaron detalles sobre el futuro de los empleados ni sobre el esquema de concesión.
En los próximos meses, la interventora deberá presentar un plan de acción que incluirá las conclusiones de la auditoría y las recomendaciones para el proceso de liquidación de la sociedad. En paralelo, el Ministerio de Economía avanzará con los trámites necesarios para concretar la transferencia de la gestión al sector privado.
El Ejecutivo justificó la privatización de Corredores Viales
El Gobierno nacional avanza en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y administración de las principales rutas del país. La iniciativa había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el pasado 14 de febrero en una conferencia de prensa en Casa Rosada.
El plan contempla el traspaso al sector privado de más de 9.000 kilómetros de caminos, por los que circula el 80% del tráfico vehicular y se implementará a través de un esquema de obra pública por peaje.
Según explicó Adorni, este modelo busca fomentar la inversión privada en infraestructura vial. “A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, detalló.
El Gobierno nacional justifica la privatización señalando que Corredores Viales presenta serios problemas financieros y operativos. Según datos oficiales, la empresa acumuló pérdidas por $268.000 millones y una deuda de $142.000 millones con proveedores.
Además, Adorni aseguró que el 45% de la traza que operaba Corredores Viales se encontraba en estado “malo o crítico”, con contratos de obra paralizados y un “atraso tarifario del 45% con relación a la tarifa técnica”.
