El gobierno de Javier Milei continúa con su plan de privatización de Corredores Viales, la empresa estatal encargada de administrar las principales rutas del país. Este proceso, anunciado este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tiene como objetivo transferir la concesión de las rutas a nuevas empresas bajo un modelo de obra pública por peaje.
La medida oficial forma parte de un plan más amplio que busca ceder a manos privadas más de 9.000 kilómetros de caminos que concentran el 80% del tráfico nacional. En ese sentido, Adorni explicó que, con este modelo, se promoverá el desarrollo de infraestructura vial a través de la participación del sector privado.
“El sector privado se encargará de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, destacó el portavoz de la administración libertaria.
Según detalló el Vocero, al comienzo de la gestión, el 45% de las rutas operadas por Corredores Viales se encontraba en mal estado. Además, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario llegaba al 45% respecto de la tarifa técnica.
Esta situación de ineficiencia y endeudamiento llevó a que la empresa registrara un resultado económico negativo en 2023. En ese año, Corredores Viales acumuló una deuda con proveedores de $142.000 millones y pérdidas por $268.000 millones, siendo asistida por el Tesoro Nacional con $301.000 millones.
La privatización de las rutas de Corredores Viales será gestionada por la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación. A través del programa Red Federal de Concesiones, el Gobierno licitará un total de 9.145 kilómetros de rutas distribuidos en 13 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.
Uno de los primeros pasos en este proceso será la licitación de la conocida “ruta del Mercosur”, que abarca unos 670 kilómetros de extensión y que ha sido operada por la empresa privada CRUSA durante los últimos 30 años, será parte de la licitación que se llevará a cabo a finales de febrero con una audiencia pública.
Además, la actual conducción nacional confirmó que iniciará el proceso de adjudicación de otros 8.470 kilómetros de rutas que hasta ahora no estaban concesionadas. Entre estas rutas se encuentran la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba.
En cuanto a las condiciones de la licitación, las empresas que se presenten deberán ofrecer la tarifa más baja posible para los usuarios, sin que el Estado cobre ningún canon ni otorgue subsidios.
No obstante, según anticiparon desde el Gobierno libertario los precios de los peajes se mantendrán iguales a los vigentes en el momento de la adjudicación, hasta que las rutas sean mejoradas con las condiciones necesarias para garantizar una transitabilidad óptima, como la reparación de baches, el calce de banquinas, la señalización horizontal y vertical, y la iluminación.
Además, según la nueva disposición se definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, el cual será especificado en los pliegos de cada licitación. Las tarifas se indexarán según diversas fórmulas prefijadas basadas en índices del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).
Corredores Viales, en la lista de empresas estatales a privatizar
Corredores Viales S.A. gestiona actualmente 10 tramos de autovías que suman casi 6.000 kilómetros. Estos tramos incluyen rutas en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El proceso de privatización de la compañía está contemplado en el Artículo 7 de la Ley de Bases, que también incluye a otras empresas estatales como Intercargo S.A., Energía Argentina S.A. (Enarsa), y Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y fue puesto en marcha en enero pasado, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei.
Por caso, el Gobierno de La Libertad Avanza consideró que la privatización de las rutas nacionales “resulta conveniente” no sólo para darle mayor fuerza al plan de reducir el gasto público, sino porque según consideran, duplicaba funciones de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que depende del Ministerio de Economía.
