En la antesala de lo que será el inicio de trabajo en comisiones de la ley enviada por Axel Kicillof para regular las apps de transporte y delivery, Diputados Bonaerenses salió a la calle a consultarles a los trabajadores de Uber, Didi, y Cabify sus opiniones sobre el texto redactado por Gobernación. El incremento de costos, la falta de controles a empresas y los nulos aportes jubilatorios, fueron algunas de las críticas de los choferes contra la normativa que aún no comenzó su camino por la Legislatura.
En pocas palabras, el proyecto de Kicillof contempla la creación del Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales y establece un esquema de registro, información y fiscalización para las empresas que organizan o intermedian tareas a través de aplicaciones. Asimismo, el escrito prevé que las mismas contraten, a su exclusivo cargo y costo, un seguro de accidentes personales con cobertura por muerte accidental, invalidez y asistencia médica y farmacéutica de emergencia, además de una aplicación provincial que facilite el acceso de los trabajadores a servicios de seguridad y emergencias.
En diálogo con este medio, el youtuber Ezequiel alias “elpeladidi”, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el transporte de personas y administra un grupo de WhatsApp en el que asesora a cerca de 300 conductores, calificó la iniciativa del Gobernador como “interesante” pero advirtió que la regulación que plantea el Ejecutivo bonaerense es “netamente recaudatoria“. En el mismo sentido, alertó que sigue sin contemplar la seguridad que exigen los conductores de aplicaciones, como la incorporación del reconocimiento facial para los pasajeros.
Asimismo, Ezequiel consideró que la ley de Kicillof no responde a todas las demandas que tienen hoy los conductores de Uber, Didi y Cabify, y cuestionó el costo que podría generar la intervención estatal. “El proyecto no habla de aportes jubilatorios, solo nos exigiría a los trabajadores pagar más por un seguro que ya existe, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando el Gobierno mete mano. No buscan regular la actividad, sino engordarse los bolsillos a costa nuestra”, afirmó el youtuber.
Otro de los cuestionamientos apunta al alcance de la regulación y al papel que tendría el Estado bonaerense. Sobre este punto, el presidente de la Asociación Civil de Conductores Unidos de Mar del Plata, Facundo Setzes, sostuvo que tiene una posición “contrapuesta” respecto de la iniciativa que ingresó a la Legislatura bonaerense, ya que reconoció la necesidad de intervención estatal en materia de seguridad, pero reflexionó que el trabajo en aplicaciones de transporte debe conservar su carácter independiente.
El marplatense cuestionó que la actividad quede bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense, e insistió en que la intervención estatal debe respetar la modalidad de prestación independiente que, según su planteo, fue establecida en la última reforma laboral. “Sabemos que en términos de seguridad se necesita al Estado para que prevea y garantice ciertas condiciones, pero también entendemos que esta modalidad de trabajo es una forma independiente de prestación de servicio y privada entre dos partes”, señaló Setzes a este medio.
Este mismo año, en Mar del Plata el Concejo Deliberante aprobó una regulación a las aplicaciones de transporte dirigida a las empresas y no a los conductores, que las obliga a verificar que los prestadores cuenten con licencia nacional de conducir categoría profesional D1 emitida por la Dirección General de Licencias de Conducir del municipio, acrediten la inexistencia de antecedentes penales mediante certificados renovables anualmente y sean titulares del vehículo o posean autorización para utilizarlo.
En contraposición, el plan de Kicillof establece que las empresas deberán inscribirse obligatoriamente en un Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales y proporcionar a las autoridades y a los representantes de los trabajadores información sobre la cantidad de personas activas en cada aplicación, su situación contractual, las condiciones generales del vínculo, la duración media de las prestaciones, el promedio de horas semanales y los ingresos medios. Para Setzes, ese mecanismo, distinto al de Mar del Plata, supone una intromisión sobre la privacidad de los conductores.
“No me convence la idea de que esta actividad esté bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense ni que se nos exija información detallada a los trabajadores en lo que respecta a nuestros datos, el historial de viajes, la recaudación y las horas conectados. Creo que ese eje invade la política de privacidad que aceptamos cuando nos incorporamos a Uber, Didi y Cabify y no corresponde”, afirmó el dirigente de la Asociación Civil de Conductores Unidos.
“Es muy controversial el tema del control del Estado sobre esta actividad, porque hay una delgada línea entre garantizar seguridad y orden, y controlar y monopolizar el sector. Solo queremos que nos dejen elegir con libertad cuándo y cómo trabajar y respetar nuestra privacidad, trabajo y que la intervención sea la mínima y necesaria”, marcó Setzes.
En tanto, existen otras posturas distintas, como la de Damián, que valoró una regulación para mejorar las condiciones en las que trabajan los conductores, aunque marcó su descontento con que el proyecto de Kicillof no avance lo suficiente sobre las aplicaciones. “Creo que necesitamos una reglamentación que realmente nos proteja, queremos poder trabajar libremente, pero también necesitamos unas tarifas dignas, transparencia con el algoritmo, con las aplicaciones, saber cuánto nos cobran de comisión, cuánto le cobran al pasajero y sobre todas las cosas tener seguridad y una buena cobertura cuando estemos trabajando”, afirmó el trabajador de Uber, Didi y Cabify a Diputados Bonaerenses.
Concretamente, el proyecto de Kicillof contempla algunos de esos reclamos, aunque desde otro enfoque. Si bien las plataformas deberán brindar información sobre el funcionamiento de la actividad y contratar un seguro de accidentes personales a su exclusivo cargo, la Provincia prevé desarrollar una aplicación para facilitar el acceso a servicios de seguridad y emergencias.
Sin embargo, para Damián el principal problema es que la ley no contempla que las empresas asuman mayores obligaciones, especialmente frente a los costos que enfrentan los conductores. “Como las aplicaciones no se quieren hacer cargo nos trasladan los costos operativos a nosotros. El proyecto tendría que tocar un poquito más a las plataformas, y hacer un poquito más de fuerza para que se regularice y podamos trabajar todos tranquilos”, sostuvo el conductor.
Por último, Damián reclamó que el proyecto de Kicillof incluya medidas específicas sobre las tarifas y las condiciones económicas de los conductores. “Pienso que lo ideal hubiese sido que el proyecto se construya para las aplicaciones, que las obliguen a aumentar las tarifas para que nosotros podamos regularizarnos bien y mantener los autos sin condicionar nuestro bolsillo”, planteó el trabajador, que también pidió que las plataformas brinden “más apoyo” a los conductores.
Los puntos claves del proyecto de Kicillof para regular Uber, Didi y Cabify
- Registro obligatorio: las empresas deberán inscribirse en un registro provincial, mientras que los trabajadores podrán incorporarse mediante una nueva aplicación.
- Más información: las plataformas deberán informar al Gobierno y a los representantes de los trabajadores sobre cantidad de conductores, situación contractual, horas trabajadas, ingresos y condiciones del vínculo.
- Seguro obligatorio: las empresas deberán contratar y pagar un seguro de accidentes personales que cubra a los trabajadores durante la conexión a la aplicación y determinados trayectos vinculados con la actividad.
- Control estatal: el Ministerio de Trabajo bonaerense tendrá a su cargo la fiscalización de las plataformas y podrá aplicar sanciones ante incumplimientos.
- Seguridad y emergencias: el Gobierno desarrollará una aplicación para facilitar a los trabajadores el acceso a servicios de seguridad, emergencias y otros beneficios.
- Paradores públicos: la Provincia, los municipios y las empresas podrán coordinar la instalación de espacios destinados al descanso y aseo de los trabajadores.
- También alcanza al delivery: además de Uber, Didi y Cabify, la iniciativa contempla a plataformas de reparto como Rappi y PedidosYa y regula las llamadas “tiendas invisibles”.
