La senadora bonaerense de Fuerza Patria, María Inés Laurini, llevó a la Cámara alta su preocupación por la situación que atraviesa la planta FANAZUL de Fabricaciones Militares S.A.U., ubicada en el partido de Azul, a partir de la dispensa de tareas a 29 trabajadores y de las recientes decisiones adoptadas por el Estado nacional respecto del futuro de la empresa estatal.
Tal como repuso la autora de la iniciativa, FANAZUL constituye una “infraestructura industrial estratégica” tanto para la Nación como para la provincia de Buenos Aires, por su aporte a la producción de explosivos, insumos químicos y bienes asociados a la defensa, la minería y otras actividades críticas.
El planteo surge luego de la publicación oficial de comienzos de julio de un Pliego de Bases y Condiciones para incorporar operadores estratégicos privados a determinadas áreas productivas de Fabricaciones Militares.
En concreto, la convocatoria propone desarrollar junto con la empresa estatal actividades industriales, productivas y comerciales mediante contratos de “unión transitoria”. El esquema comprende las líneas vinculadas con pólvoras, explosivos industriales y TNT que funcionan en las unidades de negocio ubicadas en Villa María, Córdoba, y Azul.
“La publicación de dicho acto administrativo refuerza la necesidad de evaluar de qué modo las decisiones presupuestarias y de gestión adoptadas a nivel nacional podrían repercutir sobre la continuidad productiva, el empleo y la preservación de capacidades estratégicas en la Planta FANAZUL”, determinó al respecto la representante de la Cámara alta.
Según advirtió Laurini, la nueva definición del Gobierno nacional vuelve “imprescindible” contar con información pública precisa sobre el alcance concreto del proceso, su eventual incidencia sobre FANAZUL y sus posibles efectos en la continuidad productiva, los activos estratégicos y los puestos de trabajo existentes.
Frente a este escenario, la dirigente de la Séptima sección busca que el Ejecutivo provincial intervenga ante la actual conducción nacional para recabar precisiones sobre el alcance de la avanzada sobre la planta bonaerense, especialmente en relación con los activos, instalaciones, líneas de producción y actividades comprendidos en el nuevo régimen.
Uno de los principales puntos del proyecto apunta al impacto que dicho proceso pudiera tener en la situación laboral del personal actualmente afectado por la dispensa de tareas. En ese sentido, Laurini reclamó precisiones sobre las medidas que adoptará la administración nacional para garantizar la continuidad productiva de la filial, la preservación de los puestos de trabajo y las condiciones de seguridad.
Vale precisar que, debido al manejo de procesos productivos complejos y sensibles vinculados a explosivos, insumos químicos y actividades asociadas, la operatoria requiere conocimiento técnico acumulado y personal especializado, según puntualizó la referente oriunda de Azul.
La situación de FANAZUL también tiene un impacto directo sobre la provincia de Buenos Aires, donde funciona como la única unidad de Fabricaciones Militares. De acuerdo con Laurini, la continuidad de la planta no sólo compromete fuentes laborales, sino también capacidades industriales y una infraestructura estatal clave para la producción estratégica.
“Debilitar o desarticular una capacidad estatal de estas características no constituye una mera decisión de administración empresaria, sino una definición de política industrial susceptible de comprometer la autonomía del Estado para intervenir en áreas críticas”, consideró la senadora azuleña.
Los antecedentes detrás de la nueva avanzada sobre FANAZUL
Cabe recordar que la emblemática FANAZUL ya atravesó, en distintas etapas de su historia reciente, cierres, vaciamiento y embates privatizadores. En los años noventa, el Estado nacional declaró sujetas a privatización a diversas unidades de Fabricaciones Militares, en el marco de la reforma estatal que encaró la administración de Carlos Menem.
Casi treinta años más tarde, el 28 de diciembre de 2017 la gestión del entonces presidente Mauricio Macri dispuso el cierre del complejo industrial, una decisión que derivó en la pérdida de más de doscientos puestos de trabajo y la interrupción de una trayectoria productiva de relevancia para el partido de Azul.
Posteriormente, durante la presidencia de Alberto Fernández, el Estado impulsó su reapertura, formalizada en 2023, con la recuperación de líneas productivas, inversiones y actividad fabril. En ese marco, los fundamentos del proyecto de Laurini destacaron la existencia de contratos y exportaciones en materia de Nitroglicerina y Mastermix como una muestra de la “viabilidad productiva” de la planta y su potencial de reinserción en cadenas de valor estratégicas.
Sin embargo, desde 2024, ya bajo el gobierno de Javier Milei, se consolidó un nuevo escenario de deterioro marcado por la paralización productiva, el ofrecimiento de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, la afectación de la continuidad de las actividades y la progresiva pérdida de recursos humanos especializados.
El proyecto de Laurini que expone la preocupación por el futuro de FANAZUL
