El senador bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, Marcelo Daletto, presentó este miércoles un informe fiscal en el que alertó por un desequilibrio en las finanzas públicas de la administración de Axel Kicillof, al indicar que por primera vez desde 2019 se registró déficit financiero.
En ese sentido, el informe elaborado en base a los datos del Ministerio de Economía de la Nación y del INDEC, precisó que el resultado financiero en las arcas, es decir la diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos, cerró el primer trimestre del 2025 en un negativo de $ 974 millones.
“El déficit financiero en el primer trimestre de 2025 representa un quiebre inédito en la gestión actual, ya que los cinco ejercicios fiscales anteriores habían iniciado con superávit. Este desequilibrio temprano demostraría un deterioro en la solidez de las cuentas públicas”, remarcó Daletto.
Asimismo, el legislador bonaerense del monzoismo sostuvo que este resultado negativo, que contrasta con otros años de gestión del kicillofismo, fue a pesar “del recorte en términos reales” en salarios. “Casi todas las provincias registraron un crecimiento real en el gasto en salarios respecto al mismo periodo del 2024, a excepción de Buenos Aires”, puntualizó.
En detalle, el informe presentado por Daletto reflejó que el gasto de capital creció un 80% respecto al mismo período del año anterior, ya que en los primeros meses del 2024, solo el 2,9% del gasto provincial se destinó a estas erogaciones, mientras que “en el primer trimestre de 2025, esa proporción subió al 5,1%”.
Por último, el legislador provincial del monzoismo denunció que el gobierno de Kicillof incumple la Ley de Responsabilidad Fiscal “al no publicar la ejecución presupuestaria del primer trimestre con un rezago de más de tres meses”. “Una situación que, en la era digital, debería estar saldada y la información publicada con mayor inmediatez”, añadió.
Por parte del Ejecutivo, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires presentó a inicios de mes un nuevo pedido ante la Corte Suprema de Justicia, en reclamo de fondos que el gobierno nacional le adeudaría a la actual gestión y rondan, según manifestaron desde Gobernación, los $12 billones.
En detalle, los fondos en disputa corresponden a tres grandes apartados: deudas directas, saldos de obras públicas comprometidas y deudas estimadas por discontinuidad o retrasos en programas nacionales.
