En medio de la creciente confrontación política entre el espacio que conduce el presidente Javier Milei y la administración del gobernador provincial, Axel Kicillof, el senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías De Urraza, lanzó una ofensiva contra la estructura de la Defensoría del Pueblo, con un proyecto para recortar cargos, reducir su presupuesto y modificar de raíz el mecanismo de designación de su titular.
Si bien la norma vigente consagra la autonomía del organismo, De Urraza propuso modificar la estructura funcional y financiera en la Ley 13.834 que regula una Defensoría del Pueblo que en los hechos “enmascara la identidad política de la gestión oficialista de turno, lo que limita su capacidad para investigar al propio Ejecutivo provincial“.
En este sentido, el legislador libertario busca derogar los artículos vinculados a la organización interna, creación de secretarías y régimen del personal. “Desde hace años la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ha sido una estructura de empleo político, que se que se proliferó con la creación de defensorías adjuntas y secretarías”, graficó.
En términos concretos, el proyecto elimina seis de los cargos superiores actuales, por lo que la estructura pasaría de un Defensor del Pueblo, dos defensores generales y seis adjuntos a un esquema reducido a solo dos autoridades, su titular y un Defensor General.
Por otra parte, la ley actual fija un piso no inferior al 0,086% del total de erogaciones provinciales, mientras que el proyecto propone bajarlo al 0,035%. “Reducir el porcentaje es descender a un tercio menos de lo actualmente estipulado”, sostuvo el senador, en línea con el discurso libertario que cuestiona el tamaño del Estado provincial.
El cambio en la designación del Defensor del Pueblo es otro punto de impacto político del proyecto, ya que establece que el Poder Ejecutivo envíe una terna y que el Senado otorgue acuerdo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, lo que reemplaza el sistema actual, que prevé una Comisión Bicameral, registro público de candidatos, audiencia pública y elección por ambas Cámaras con mayoría agravada.
Para De Urraza, la nueva modalidad “exige consenso amplio y reduce la lógica de reparto partidario”, en una señal directa hacia las prácticas que el bloque libertario atribuye al oficialismo. “Un organismo de control no tiene que ser un micro Estado del Estado”, criticó el legislador y uno de los armadores de Milei en territorio bonaerense.
Cabe aclarar que, Urraza propone eliminar la intervención de la Comisión Bicameral como órgano instructor y en los casos más graves (condena, negligencia, incompatibilidad o incapacidad), el Senado sería quien resuelva el cese por mayoría de dos tercios. También se modifica el procedimiento de aceptación de renuncia, que pasaría a depender solo del Senado por mayoría simple.
La reforma de la Defensoría se convierte en un nuevo capítulo de la disputa entre el modelo de “Estado limitado” que promueve La Libertad Avanza y la concepción de Estado que impulsa el Ejecutivo provincial. “La provincia no necesita más estructuras, necesita menos gasto político”, sentenció De Urraza.
Cambios en la figura del titular de la Defensoría del Pueblo
Respecto del mandato del Defensor del Pueblo, el proyecto mantiene la duración de cinco años con posibilidad de una sola reelección, mientras que elimina la prohibición actual que impide que quien haya sido reelecto en un cargo pueda luego ser designado en otro dentro de la entidad.
En materia de incompatibilidades, el proyecto amplía las restricciones al cargo, ya que además de impedir actividad política partidaria o gremial, como ya prevé la ley vigente, incorpora la prohibición de participar en actividades sindicales y establece expresamente que no podrá ejercer profesión o empleo ni realizar actos que comprometan la imparcialidad, aunque incluye la investigación como excepción permitida junto a la docencia.
En cuanto a atribuciones, el proyecto concentra formalmente en el Defensor del Pueblo funciones que hoy son ejercidas también por los Adjuntos. Por último, la iniciativa reordena el listado de facultades, mantiene la posibilidad de promover acciones judiciales y administrativas e incorpora expresamente la facultad de dictar un Reglamento Interno, que deberá publicarse en el Boletín Oficial.
