Una denuncia penal fue presentada contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y autoridades de la Oficina Anticorrupción (OA) por la adjudicación de un contrato millonario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que dirige su esposa, María Josefina Rouillet.
La presentación judicial fue impulsada por los abogados, José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación RESET Republicano. En el escrito, también se incluye a la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería, María Cristina Dellepiane; al titular de la OA, Alejandro Melik; y al director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.
El planteo apunta a la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, solicita que se analice la actuación de Rouillet en su carácter de directiva de la entidad contratada.
El eje de la denuncia es la Disposición 21/2026, fechada el 19 de enero, mediante la cual se adjudicó a la AACI la contratación directa por especialidad para brindar capacitación en idioma inglés al personal de Cancillería, por un monto total de $114.044.133, con opción de prórroga. El servicio se enmarca en el Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.
En el acto administrativo se dejó constancia de la existencia de un “vínculo positivo” entre Rouillet y el ministro Sturzenegger, en el marco de la Declaración Jurada de Intereses prevista por el Decreto 202/2017. A partir de esa situación, se indicó que se activaron los procedimientos correspondientes y se dio intervención a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que no habría registro público en el sitio web de la OA respecto de la publicación del caso, tal como establece el artículo 4°, inciso b), del decreto mencionado cuando existen relaciones que puedan configurar un conflicto de intereses. Según señalaron, al consultar el buscador oficial “no hay publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada de intereses”.
En ese marco, afirman que se habría omitido un paso obligatorio de publicidad y transparencia, esta eventual falta de publicación es atribuida en la denuncia a las autoridades de la OA, mientras que también cuestionan la decisión administrativa de avanzar con la adjudicación pese a la existencia del vínculo familiar con un ministro nacional.
El escrito encuadra los hechos, en principio, en los artículos 248 y 265 del Código Penal y los abogados sostienen que podría configurarse una situación en la que un funcionario intervenga en una operación con interés propio o de un tercero. “Queda claro, en consecuencia, que en su carácter de Ministro, el denunciado Sturzenegger podría haber intervenido para que la organización empresaria que dirige su esposa fuera contratada”, afirma el texto presentado ante la Justicia.
Además, la denuncia menciona antecedentes contractuales entre Cancillería y la AACI durante 2024 y solicita medidas de prueba, entre ellas la remisión de las actuaciones administrativas completas y una pericia técnica para verificar la eventual publicación de la información en la web oficial.
La respuesta oficial a las posibles irregularidades con Sturzenegger
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores defendieron la legalidad del proceso. El canciller, Pablo Quirno, afirmó en redes sociales que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación y explicó que la cartera mantiene relación contractual con la AACI desde 2018 para la capacitación de su personal.
El funcionario indicó que, al advertirse el vínculo familiar entre Rouillet y Sturzenegger, se aplicó el mecanismo previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la OA y la Sindicatura General de la Nación. En ese sentido, sostuvo que el artículo 4°, inciso b), establece que “se da publicidad a las actuaciones” y aseguró que el expediente fue publicado íntegramente en un sitio institucional.
La contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad. Según la documentación oficial, el servicio contempla la capacitación de 132 agentes durante 2026, con cursos regulares y talleres específicos para personal diplomático del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), bajo modalidad presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El contrato prevé un esquema de pagos escalonado y la posibilidad de un anticipo de hasta el 40% del monto total, sujeto a la presentación de factura y contragarantía. Hasta el cierre de esta edición, no se informó una respuesta adicional por parte de Cancillería respecto de la denuncia penal presentada.
