El gobierno de Kicillof acordó con los bonistas y cerró todos los litigios que heredó de Vidal

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires anunció este martes un acuerdo con los bonistas que habían quedado al margen del canje de deuda realizado en 2021. Se trata de una medida que terminó de resolver los juicios internacionales y obligaciones que había heredado la gestión de Axel Kicillof desde la época de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Según informó la cartera de Economía a cargo de Pablo López, los términos pactados replican condiciones muy similares al canje de deuda original, incluyendo vencimientos extendidos hasta 2037. Además, los acreedores obtendrán un pago en efectivo por los intereses acumulados desde entonces.

Vale recordar que, los juicios que quedaban abiertos estaban radicados en tribunales de Nueva York y en Alemania. Con este acuerdo, ya no hay causas judiciales vigentes por esos bonos excluidos del canje de deuda.

En este sentido, el monto en discusión representaba una porción menor del total de la deuda externa provincial: alrededor del 2,34 % del capital bajo legislación extranjera quedó afuera del canje de 2021.

De acuerdo al reporte de los funcionarios del Ejecutivo bonaerense, este paso será clave para fortalecer la sostenibilidad financiera y mejorar la previsibilidad del presupuesto provincial.  “Este es un hito más en el camino que iniciamos en 2020 desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof, a través del cual hemos logrado retornar a un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública, con todos los beneficios que ello conlleva”, señalaron desde el ministerio de Economía.

“Con este nuevo acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones en el marco de una administración responsable que nos permite, a pesar de un contexto extremadamente complejo, seguir dando respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses”, agregaron desde la cartera de López.

Desde la oposición, varios bloques provinciales valoraron que la medida podría aliviar tensiones fiscales futuras, principalmente en lo que respecta al pago de intereses externos y amortizaciones. También hubo críticas acerca de los términos exactos y la magnitud del compromiso de deuda en moneda extranjera.

Durante los años previos, la deuda en moneda extranjera bonaerense creció fuertemente, especialmente por emisiones entre 2016 y 2019, que sumaban más de 5.000 millones de dólares. El costo por servicios de deuda pasó a ocupar una proporción significativa de los recursos corrientes provinciales.

Cuando se anunció el canje de 2021, ingresó al mismo el 97,66 % del capital de los títulos bajo legislación extranjera. Esa reestructuración había sido un paso decisivo para reducir el riesgo de default para la Provincia.

Este nuevo arreglo se presenta como un complemento del canje de deuda, con plazos extensos, voluntades acordadas, y con la intención de evitar nuevos litigios internacionales que comprometan el crédito bonaerense.

Según los analistas, el impacto real para las cuentas provinciales dependerá del costo del financiamiento externo, las tasas de los bonos emitidos, y la evolución del dólar. También será clave la gestión del Ejecutivo para mantener liquidez y cumplir los nuevos cronogramas de pago.

Deuda externa: cómo impactará el acuerdo en la provincia y los municipios

Para los municipios bonaerenses, este acuerdo podría representar menos presión si acompaña una política provincial de mejor gestión de la deuda: menor litigiosidad, menores penalidades, compatibilidad con presupuestos locales.

En lo institucional, la medida fortalece al oficialismo bonaerense como actor capaz de diálogo con el mercado financiero externo, que venía reclamando certezas. Además, puede servir de antecedente para futuras renegociaciones nacionales o provinciales.

De esta manera, la Provincia cerró una brecha dejada por el rechazo al canje de 2021, mediante un acuerdo que iguala las condiciones del canje original, prorroga vencimientos y da certeza jurídica al cierre de litigios. La apuesta ahora está en que el cumplimiento efectivo permita liberar recursos para otras prioridades provinciales.