Esta semana la Legislatura bonaerense durante las sesiones especiales que hubo en ambos recintos por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia sancionó un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, que deroga varios decretos ley de gobiernos de facto.
Asimismo, como detalló este medio, en los encuentros parlamentarios por el 48º aniversario de la última dictadura cívico militar los diputados y senadores brindaron su repudio y aprobaron la personalidad destacada de la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, de autoría de la legisladora platense, Lucía Iañez.
En tanto, la confección de la iniciativa que deroga los decretos ley de las dictaduras, que resultó aprobada en ambas Cámaras, estuvo a cargo de la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa que comenzó su investigación en 2022, año en que fue creada por resolución y luego ratificada por ley.
En concreto, la ley sancionada por la Legislatura bonaerense en la previa del 24 de marzo deroga los decretos ley 7999/1973 sobre el derecho de reunión, el 16.588/1957 sobre el derecho a huelga, el 16.591/1957 que va en el mismo sentido, y el 16.591/1957 que prohibía la candidatura de empleados públicos.
Legislatura bonaerense: la derogación de los decretos ley
- Decreto-Ley 7999/1973: establecía normas para el ejercicio del derecho de reunión. La normativa en su artículo segundo planteaba que “está prohibida toda reunión que signifique una amenaza real o inminente para la seguridad pública”. Así, el decreto ley establecía el libre acceso de la autoridad policial a lugares en los que se realicen reuniones públicas y la obligación de pedir permiso para realizarlas.
- Decreto-Ley 16.588/1957: declaraba ilegales los paros y toda otra medida de fuerza del personal en el servicio telegráfico de la provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que el telégrafo era una de las vías más utilizada en ese momento para las comunicaciones.
- Decreto Ley 16.591/1957: declaraba ilegal todo paro o medida de fuerza que disponga el personal de la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Las sanciones de esta normativa llegaban hasta la exoneración con el solo informe que al respecto cursara el jefe de la repartición a la cual correspondiera el trabajador público.
- Decreto-Ley 196/1958: resolvía sanciones hasta la exoneración a empleados de la administración pública de cualquier jerarquía que hicieren política en el ámbito de sus funciones. “En caso de ser candidatos a cargos electivos de cualquier índole y en cualquier jurisdicción, los funcionarios los funcionarios que ocupen las categorías de subdirector inclusive y demás escalas superiores, deberán presentar su renuncia”, rezaba el decreto ley de 1958.
