La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar este miércoles el proyecto de ley enviado por el oficialismo, el cual propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.
En ese sentido, la iniciativa será puesta a consideración este miércoles a las 12:30 horas en una reunión conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), respectivamente.
Durante la misma expondrán el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, para emitir sus argumentos a favor y en contra de la baja de la edad de imputabilidad.
Es preciso señalar que, la iniciativa del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad apunta a modificar la ley 22.278 sancionada en 1980 en la que establece que “no es punible el menor que no haya cumplido los 16 años de edad”.
De esta manera, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, el Gobierno apunta a la construcción de cárceles especialmente destinadas para menores de entre 13 y 18 años.
“En los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad, con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, alegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó su pedido de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años al considerar que los preadolescentes de esa edad son “adultos y tienen conciencia” de la criminalidad.
En qué consiste el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 13 años
En concreto, el proyecto enviado al Congreso de la Nación por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca modificar la ley 22.278, que fue sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980, y modificada en 1983 en el que se establece en el Régimen Penal de Minoridad que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad”.
“Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o inhabilitación”, agrega.
Sobre ello, el titular de la cartera de Justicia manifestó que el “tema minoridad” está en “crisis desde hace al menos 50 años”, al tiempo que aseguró que la Ley 22.278 fue sancionada cuando la “criminalidad era otra”, lo cual infiere a que es “muy distinta a la de ahora”. “No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento serio, no ésta porquería (por los institutos de menores)”, señaló.
Por lo que la iniciativa baja la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, en el mismo establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua. Además, contempla que los adolescentes apresados cumplan su condena en establecimientos especiales o secciones separadas en los establecimientos penitenciarios.
Además, el proyecto contempla condenas condicionales para los adolescentes, como programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos y psicológicos, concurrencia al tribunal, así como también la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
Cabe destacar que, Cúneo Libarona, ya había anticipado la intención del Gobierno de avanzar en ese foco, con la justificación de que la criminalidad tuvo profundos cambios desde la sanción de la normativa vigente, así como la necesidad de revisar las condiciones de detención de los menores de edad.
Sin embargo, desde el Observatorio de Derechos Humanos de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, señalaron hace varios años que la baja de edad de imputabilidad “no tiene incidencia en la problemática del delito, al contrario, profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez”.
