En su cuarta sesión del año, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto impulsado por la legisladora de la UCR – Cambio Federal, Nerina Neumann, que establece la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Régimen Federal de Empleo Protegido, destinado a fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La iniciativa del radicalismo, que contaba con media sanción de la Cámara alta desde octubre de 2025, permitirá ampliar el financiamiento y la asistencia técnica para las más de 4.800 personas con discapacidad que se desempeñan bajo esta modalidad en el territorio bonaerense.
En aquella oportunidad, la impulsora del proyecto subrayó que se trata de una “decisión política” destinada a saldar una deuda histórica con los trabajadores de los talleres protegidos. Además, Neumann destacó que la adhesión al régimen permitirá articular políticas públicas con Nación y mejorar las condiciones laborales de quienes se desempeñan en las más de 170 unidades distribuidas en distintas localidades bonaerenses.
Con la sanción definitiva del proyecto, el Estado provincial podrá acceder a recursos financieros, técnicos y organizativos previstos por el actual régimen federal. Este respaldo permitirá fortalecer a los organismos que generan oportunidades laborales para personas con discapacidad y ampliar las herramientas destinadas a sostener su inclusión en el mercado de trabajo.
La normativa también apunta a mejorar el acceso, la permanencia y el desarrollo de este colectivo en empleos protegidos o regulares, tanto en el ámbito público como privado. Para ello, el régimen contempla tres modalidades de inserción: los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo, los Talleres Protegidos de Producción y los Grupos Laborales Protegidos.
El Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE) está orientado a la adquisición y mantenimiento de competencias laborales según las demandas del mercado local; el Taller Protegido de Producción (TPP) está destinado a actividades productivas, comerciales o de servicios para el mercado, garantizando empleo remunerado; y los Grupos Laborales Protegidos (GLP) son células de trabajo en empresas públicas o privadas conformadas por trabajadores con discapacidad.
Cada modalidad prevé distintos mecanismos de capacitación, asistencia técnica y adaptación laboral para favorecer la autonomía y la integración de las personas con discapacidad. En tanto, el esquema también procura que los trabajadores desarrollen aptitudes y competencias acordes a los requerimientos de los mercados laborales locales.
Vale recordar que el planteo de Neumann recibió en su momento el respaldo de los diputados que integran la comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, cuerpo que durante el tratamiento de la iniciativa también contó con la presencia de representantes de la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia (FETAP).
En diálogo con Diputados Bonaerenses, el titular de la FETAP, Darío Corrao, remarcó que la organización reclamaba desde hace años la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 26.816, reglamentada en 2013.
“De los 263 talleres nacionales, la provincia de Buenos Aires tiene 177. Eso no es casualidad, eso es porque la Provincia es la única que tiene un convenio con talleres protegidos, le paga una beca a las organizaciones y un plus a los operarios. Entonces eso hace que las organizaciones con esa beca puedan sostener parte del gasto operativo que tiene”, precisó el referente del sector.
En detalle, los talleres protegidos se fueron posicionando por las actividades productivas, comerciales o de servicios que desarrollan para el mercado, y por la capacidad de generar empleo remunerado y la prestación de servicios de adaptación laboral y social. Entre las principales producciones se destaca la elaboración de cepillos, trapos de piso, bolsas y reciclado de botellas, entre otras actividades.
En la actualidad, el marco nacional vigente establece que los trabajadores de los talleres protegidos deben percibir una prestación equivalente al 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM). La gestión de Javier Milei comenzó a aplicar ese esquema a partir de una orden judicial que lo obligó a reconocer la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego del veto dispuesto por el Ejecutivo nacional.
Por último, desde la FETAP señalaron que la adhesión bonaerense a la normativa podría convertirse en una herramienta institucional para canalizar reclamos y elevar propuestas ante el Gobierno nacional, con el objetivo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. “Si logramos la decisión de la provincia, la FETAP va a tener una herramienta para ir a reclamar a Nación”, sostuvo Corrao.
Diputados saltaron la grieta para celebrar la adhesión al Régimen de Empleo Protegido
Desde la Coalición Cívica hasta el peronismo, pasando por el radicalismo y el Frente de Izquierda, diversos bloques de diputados celebraron la adhesión al Régimen de Empleo Protegido. Uno de ellos fue el titular del bloque “lilito”, Andrés de Leo, que recordó que en 2016 presentó una propuesta del mismo calibre que nunca llegó a obtener sanción definitiva debido a que “supuestamente no había recursos para contemplar los beneficios que contempla el texto”.
“10 años han pasado para que se cristalice esta ley. Hay que reconocer también al oficialismo y a todos los bloques que acompañaron el proyecto. Estos días estuve transitando talleres de Bahía Blanca y me consta las enormes dificultades que están atravesando. Son reconocidos en sus localidades, no sólo por la tarea social que realizan, sino porque hacen un trabajo de calidad”, mencionó De Leo.
Por Fuerza Patria, la kirchnerista Margarita Recalde sostuvo que la iniciativa sancionada este jueves “unifica el piso de derechos para el acceso de salud de todas las personas de la provincia”. “No debería haber ninguna prestación de segunda a partir de ahora. En el caso de empleo protegido, en el país sólo 5% de las personas con discapacidad con edad de trabajar tienen empleo registrado. Los talleres protegidos son una experiencia comunitaria que se conforman muchas veces por la propia necesidad de las familias. Allí pueden aprender un oficio y alcanzan cierto grado de autonomía”, relató.
Asimismo, el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, valoró que la Legislatura trabaje en temáticas que giran en torno a las personas con discapacidad, y destacó que los proyectos aprobados buscan no solo legislar, sino también garantizar el cumplimiento de las normas y derechos contemplados “Trata cuatro cuestiones básicas: el acceso al trabajo, a prestaciones sanitarias, a un sistema de rehabilitación, y garantizar la dignidad”, enumeró.
“Estas ley viene a ratificar la mirada de la inclusión social, de la autonomía de las personas con discapacidad para garantizarle igualdad de oportunidades para que ellos puedan decidir dónde estudiar, dónde trabajar y qué futuro quieran construir. Esto no quiere decir que no puedan necesitar un acompañante terapéutico, sino que puedan decidir por sí mismos”, subrayó el legislador radical.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Christian “Chipi” Castillo, optó por enviar un mensaje contra la gestión de Milei por aún no cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad. “La adhesión a la normativa nacional es algo absolutamente legítimo y justo, va en sintonía con los reclamos de todos los colectivos de la discapacidad, uno de los sectores más atacados por el Gobierno. Permitir el acceso a más y mejores derechos y garantizar el pago a las prestaciones son reclamos fundamentales”, fustigó.
Diputados aprobó la adhesión al régimen de atención integral para personas con discapacidad
Otro de los proyectos aprobados durante la última sesión de la Cámara baja fue la iniciativa del senador camporista Emmanuel González Santalla, que establece la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 24.901, norma que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
La regulación nacional garantiza una cobertura integral destinada a atender las necesidades de las personas con discapacidad mediante prestaciones de prevención, asistencia, habilitación, rehabilitación, promoción y protección, con respuestas adecuadas y especializadas para cada situación.
De acuerdo con la normativa vigente, las obras sociales deben cubrir la totalidad de las prestaciones previstas para sus afiliados, mientras que el Estado debe garantizar el acceso a quienes no tengan cobertura y carezcan de recursos para afrontar los costos. En tanto, el régimen también establece mecanismos de financiamiento diferenciados según la situación previsional, laboral o asistencial de cada beneficiario.
Finalmente, la medida también contempla un amplio conjunto de prestaciones y servicios adaptados al tipo y grado de discapacidad, así como a las necesidades particulares de cada persona. La reglamentación prevé posibles alternativas para quienes no puedan permanecer junto a su familia, entre ellas residencias, pequeños hogares y hogares especializados.
