Tras aprobarse la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso de la Nación, La Libertad Avanza (LLA) consiguió reunir 18 firmas para imponer el dictamen de mayoría y debatir en el recinto el proyecto que busca declarar a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”.
De esta manera, el proyecto, que busca garantizar 180 días de clases en todas las escuelas públicas del país, consiguió el dictamen en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados nacional, en base a las iniciativas que impulsaron los diputados aliados al Gobierno, del PRO, Alejandro Finocchiaro, de la Unión Cívica Radical (UCR), Carla Carrizo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
En ese sentido, el diputado del PRO apuntó que “el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”, al tiempo que enfatizó en que el proyecto va en sintonía de “proveer a los chicos de libertad”.
Por su parte, el diputado de LLA, Santiago Santurio, opinó que “en los últimos años la educación se degradó” al señalar la existencia de un retroceso en la alfabetización, por lo que apoyó la importancia de que “el dictamen sea tratado para que sea un servicio esencial”.
En la misma línea, Maximiliano Ferraro coincidió con el oficialismo y dijo que “la propuesta del dictamen es un equilibrio que intenta resolver esa tensión de dos derechos que están en pugna”, de manera que enfatizó en “el derecho del interés superior de los niños y adolescentes del país”.
Así, con el argumento de que se buscan garantizar los derechos de los niños, la iniciativa de declarar a la educación como servicio esencial tiene el objetivo de reducir el derecho a huelga de los docentes y trabajadores del sector en el país, quienes deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias para cumplir con el ciclo lectivo en caso de huelga.
Por ese motivo, la diputada de Unión por la Patria, Blanca Osuna, cuestionó el proyecto de la educación como servicio esencial al lamentar que la discusión llegó en un “contexto de desfinanciamiento y de un Presidente (Javier Milei) que viene a destruir el Estado”. “Es una mirada restringida que impide el derecho a huelga”, consideró.
En esa línea, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, también se opuso al proyecto y dijo que “el objeto es un engaño gigante”, porque “si quieren garantizar la educación tienen que asegurar su financiamiento”, al tiempo que afirmó que “las familias padecen las políticas de los distintos gobiernos, no los paros docentes“.
