Luego de que los docentes bonaerenses expresaran su preocupación por los crecientes hechos de violencia en las escuelas, el Ejecutivo provincial y el Frente de Unidad Docente (FUDB) firmaron un acuerdo paritario sobre prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes.
En ese sentido, el acuerdo que lleva la firma de los ministros de Trabajo y Educación, Walter Correa y Alberto Sileoni, respectivamente, los secretarios generales de los gremios, establece medidas preventivas ante circunstancias en donde los docentes bonaerenses atraviesan situaciones de conflicto, violencia física, verbal o psicológica en el ámbito laboral.
“Se busca proteger al trabajador, la trabajadora docente que sean objeto de amenazas y/o comportamientos y prácticas inaceptables, y que causen o sean susceptibles de causar un daño psicofísico o económico, incluyendo la violencia o acoso por razón de género”, estable el acuerdo.
Según precisaron desde la Dirección de Educación, estos acuerdos de “resguardo y reparación” se suman a la Resolución 2672/15 y la Guía de Orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar.
En ese sentido, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, expresó que “ante una situación de gran complejidad, de extrema violencia, el Estado continúa trabajando para resguardar a sus docentes, directivos y principalmente a las y los niños y adolescentes que estudian en nuestras instituciones educativas”.
“Hay que alentar una educación bonaerense humanista, que construya la necesidad del otro, que enseñe el valor de la verdad, que enseñe a preferir la ley y la convivencia en paz”, puntualizó Sileoni, tras el encuentro con la cartera de trabajo y los docentes bonaerenses nucleados en FUDB.
Por su parte, Correa consideró que el acuerdo “surge de un abordaje integral” que Trabajo inició con los docentes bonaerenses. “Es para resguardar y reparar situaciones de violencias que se padecen en las instituciones educativas”, puntualizó.
En detalle, la DGCyE promoverá la conformación de un ámbito interministerial para el abordaje integral de las situaciones de conflicto y violencias en las escuelas que afectan las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación, como así también el cuidado de niños, niñas y adolescentes.
El mismo se conformará con representantes de la cartera educativa, y de los Ministerios de Trabajo, Justicia, Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad, Mujeres, políticas de género y diversidad sexual, y Comunicación.
Otras de las temáticas denunciadas en las últimas semanas por docentes bonaerenses autoconvocados es la “falta de protección” a maestros denunciados y escrachados por “falsas denuncias” de abuso sexual, a quienes, sostienen, no se les respetó el “principio de inocencia”.
Ante esto, el acuerdo paritario sobre resguardo y reparación establece que “los trabajadores o trabajadoras docentes, hubieran sido imputadas e imputados y/o resultaren absueltos y/o la causa penal haya sido archivada y/o de las investigaciones administrativas resultare un deslinde de responsabilidades, la DGCyE garantizará actos de reparación”.
Docentes bonaerenses: en qué consiste el acuerdo paritario “de resguardo y reparación”
– Aplicación del Convenio 190 de la OIT.
– Acciones de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia y acoso que ocurran durante, en relación con o como resultado del trabajo.
– Intervención de funcionarios designados por la DGCyE ante denuncias y/o actos de violencia en el seno de la escuela.
– Generación de ámbitos interinstitucionales e intersectoriales a nivel provincial y distrital.
– Seguimiento, asesoramiento y contención de las y los afectados.
– Definición como marco de aplicación de la cobertura por ART.
– Identificación desde los Comités Mixtos de los factores de riesgo para su abordaje y resolución
– Creación de un dispositivo específico para el abordaje de noticias en los medios de comunicación
– Incorporación del desagravio público en el ámbito escolar y de la comunidad educativa.
– Articulación con el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de Estado.
