Luego de la masiva marcha universitaria del pasado martes, en donde la comunidad educativa y varios sectores del abanico político reclamaron por la reglamentación de la Ley de Financiamiento, gremios docentes confirmaron que irán a otra semana de paro, la cual afectará el dictado de clases en varias sedes académicas de la provincia.
En ese sentido, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llevó a cabo un plenario de secretarios generales, en el que se decidió, como punto central, la realización de otro paro en la semana que va del martes 26 al viernes 29 de mayo.
“Por mayoría se acordó realizar en la semana del 25 de mayo una semana completa de paro, con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales. Se propondrá al Frente Sindical la articulación de acciones gremiales durante esta semana”, detallaron desde el gremio.
De esta manera, a la medida se sumarán todas las agrupaciones que están bajo el ala de la Federación nacional, que en la provincia incluyen a ADULP(La Plata), ADIUNQ (Quilmes), ADUM (Mar del Plata), ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires), entre otras.
En la marcha del pasado martes, las agrupaciones de docentes un comunicado en el que denunciaron que el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas. “Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles”, manifestaron.
Es preciso mencionar que la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra vigente, pero todavía no tuvo efectivo cumplimiento por parte del Gobierno nacional, al argumentar que la normativano precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla.
En tanto, la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley de Financiamiento Universitario, asegurando la recomposición salarial y presupuestaria de las casas de estudios superiores. Sin embargo, desde el mileísmo salieron a poner reparos sobre la aplicación de la normativa.
Es preciso mencionar que el artículo 5 es el que encomienda a la administración de Javier Milei a recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación oficial del INDEC.
Según argumentaron desde la administración nacional, la aplicación de la normativa, ratificada dos veces por el Congreso, a pesar del veto presidencial, implicaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.
