La ex asesora legal y hermana del exintendente de Dolores, Camilo Etchevarren, Mariana Etchevarren, solicitó recientemente a la Oficina de Procuración municipal la condonación de una deuda millonaria relacionada con un campo de propiedad familiar que data de 2015 y supera los 2.400.000 pesos.
El pedido de “perdón” de la deuda, que lleva años sin ser cobrada, generó un importante revuelo en la opinión pública local y volvió a poner “bajo la lupa” la trayectoria del exmandatario de Juntos por el Cambio (JxC) que gobernó el distrito bonaerense de Dolores durante 16 años con su entorno familiar.
En este marco, los ciudadanos de la comuna denuncian que durante las sucesivas gestiones del exintendente del Municipio de Dolores, se iniciaron juicios por deudas mucho menores, que iban desde los 50.000 hasta los 80.000 pesos, lo que puso de manifiesto una posible utilización del poder político para el beneficio personal de los Etchevarren.
Estos juicios, que involucran a productores y vecinos del municipio bonaerense, fueron contrastados con la deuda millonaria que nunca fue perseguida por la anterior gestión local, lo que genera sospechas sobre el trato desigual que existió entre la familia del ex líder municipal y los demás ciudadanos de Dolores.
Además, cabe destacar que pese a la existencia de una moratoria fiscal vigente, que habría permitido a los Etchevarren pagar su prolongada deuda a un monto reducido, la familia del ex alcalde bonaerense optó por solicitar la “condonación” en lugar de regularizar la situación con el fisco.
Dolores: las nuevas irregularidades
Además de este escándalo por la deuda “perdonada” a la familia del ex intendente de Dolores, la gestión de Camilo Etchevarren fue cuestionada por otra serie de irregularidades administrativas, particularmente en lo que respecta a licitaciones y compras municipales.
En junio de 2024, durante una revisión de los gastos municipales que llevó a cabo la nueva administración de Unión por la Patria, a cargo de Juan Pablo García, descubrió una licitación irregular relacionada con la compra de material para asfaltar una calle que ya había sido pavimentada.
Esta obra, correspondiente a la calle Vucetich, entre Bravo y Fleury, fue sometida a licitación por un monto de hasta 14.280.000 pesos, a pesar de que el trabajo ya había sido realizado anteriormente.
Al respecto, el Asesor Letrado del municipio, Sebastián Tamagno, explicó que la oficina de compras había sugerido un proceso de compras directas y concurso de precios para adquirir los materiales necesarios.
Sin embargo, durante el relevamiento, las nuevas autoridades municipales descubrió que el decreto que autorizaba la erogación no contaba con firmas, lo que lo invalidaba como un acto administrativo. En ese contexto, Tamagno también destacó que este procedimiento carecía de valor jurídico, lo que genera dudas sobre la legalidad de todo el proceso.
Ante la irregularidad expuesta, la nueva conducción local presentó una denuncia judicial en la que se señaló que el expediente mostraba claros indicios de que el procedimiento administrativo había sido simulado con el único objetivo de sustraer fondos del municipio.
La denuncia, que implica un monto mínimo de 14.280.000 pesos, dejó en evidencia un “patrón” de mal manejo de recursos públicos y una serie de contratos irregulares durante la gestión de los Etchevarren.
En tanto, Tamagno también recordó que entre 2022 y 2023, el municipio de Dolores adjudicó varios contratos millonarios para la compra de material para el mejorado de calles a un mismo proveedor: VULTER SA. por un total de 20.900 toneladas de piedra que, según la denuncia, nunca habrían sido utilizadas en las calles que motivaron la compra
A esta nueva denuncia por irregularidades en las licitaciones y compras, se suman dos denuncias anteriores que ya comprometían la gestión Etchevarren. Una de ellas, que fue presentada en diciembre de 2023, denunciaba faltantes de bienes patrimoniales en el área de Juventud por un valor de 4 millones de pesos. La otra, que data de abril de 2024, involucra a un exfuncionario que habría falsificado un decreto con el fin de continuar cobrando un sueldo municipal después de haber dejado su puesto en la administración.
