El Gobierno nacional informó que presentará este jueves los documentos de apelación del fallo de la jueza, Loretta Preska, que obligan al país a pagar una indemnización de U$D 16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Vale recordar que, Argentina notificó a la justicia neoyorquina el pasado 11 de octubre, su decisión de apelar el fallo en primera instancia emitido en septiembre por Preska, que obliga al país a abonar el resarcimiento por el modo en el que nacionalizó a YPF, al comprar el 51% de las acciones de Repsol.
Dicho proceso, se hizo sin realizar una Oferta Pública de Adquisición para con los demás accionistas, algo que figura en el estatuto que se definió en 1993, momento en el que el Gobierno nacional era conducido por Carlos Menem e impulsó la privatización de YPF.
Es preciso señalar que, Burford Capital había adquirido los derechos de litigio al accionista minoritario de YPF, Petersen por el 61% de sus tenencias. En tanto que Peterse, había comprado el 25,4% a Repsol entre 2008 y 2011.
En rigor, el argumento de Argentina que se mantuvo durante las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, fue que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es en el lugar en el que radica YPF. Es decir, en Argentina.
En tanto que, el 30 de enero de 2024 el Gobierno nacional debía presentar los documentos de apelación. Sin embargo, con el cambio de autoridades del país, la Procuraduría del Tesoro de la Nación (PTN) solicitó que se pospusiera la fecha para presentar los documentos de apelación del juicio.
“La nueva administración argentina, necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024”, señala el escrito que envió el Gobierno.
En ese orden, la justicia neoyorquina decidió aceptar el pedido que realizó el Gobierno nacional, el pasado 11 de enero, y extendió el tiempo para que el Ejecutivo pueda presentar los documentos hasta este 22 de febrero.
