El Gobierno nacional derogó el decreto 70/2017, que incluía cambios en la política migratoria "irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos", informaron desde el Ejecutivo.
Es que, la normativa dispuesta por DNU durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, implicaba entre otras cosas, la expulsión inmediata y sin juicio previo de las personas imigrantes que hubieran sido acusadas de cualquier delito.
En contra de las garantías legales en Argentina, el decreto Nº 70/2017 también desconocía derechos básicos de los migrantes respecto a la identidad legal, la vida familiar y el trabajo digno, puesto que endurecía las disposiciones para adquirir la ciudadanía legal.
En ese marco, mediante el decreto 138/2021 del Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, se derogó la normativa que modificaba aspectos de la Ley N° 25.871, que establece el régimen de la política migratoria argentina.
Por lo mismo, la normativa actual restituye "la vigencia" de los artículos "modificados, sustituidos o derogados por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y crea una "Comisión Asesora de Política Migratoria" (CAPM).
En esa línea, la tarea del CAPM se centrará en "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871", para así mantener actualizada la política migratoria del país.
Cabe destacar que la ley sobre migraciones establece reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en territorio argentino.
De esta manera, el argumento fundamental para la derogación del DNU se basó en "la violación al principio del debido proceso” y “al derecho a contar con asistencia y defensa legal” de los migrantes en Argentina.
Además, el Gobierno resolvió la suspensión de la normativa por promover “la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa”, junto a “la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".
En tanto, las autoridades nacionales añadieron en el DNU que generaba cambios en la ley Nº25.781 agravó "exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".
Sobre este punto, la nueva norma señaló que "distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto" y que incluso desde comités dependientes de las ONU "han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogarlo".
Es preciso recordar que, en el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía "impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país”.
La entidad de derechos humanos expresó que el DNU “aceleraba los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa” y además “eliminaba la unidad familiar como condición para evitar la expulsión”.
Con la decisión del Gobierno nacional de frenar el alcance del decreto 70/2017, el Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS) festejó la medida y destacó que implica "un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos".
"Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar” el decreto, publicó el CELS, y agregó que la normativa anterior “fue un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años".
"La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar", aseveró la organización civil.
Finalmente, desde el CELS insistieron en que "el DNU 70/2017 fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que, por eso, había que expulsarles de manera inmediata".
