En diálogo con Diputados Bonaerenses, la abogada de los pequeños y medianos productores del interior de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Córdoba Martín, puso en cuestión la efectividad de la emergencia agropecuaria prorrogada esta mañana por el Gobierno de Axel Kicillof.
Es que, la letrada señaló que, en la práctica, los beneficios de la emergencia agropecuaria no llegan a la mayoría de los afectados ya que solo los casos encuadrados en la categoría de desastre obtienen exenciones concretas en el impuesto inmobiliario rural, mientras que el resto enfrenta trámites largos y engorrosos que, en muchos casos, resultan más costosos que las ventajas que ofrecen.
Según Córdoba Martín, la diferencia central radica en que la declaración de desastre prevé la condonación de cuotas del inmobiliario, pero la emergencia únicamente permite postergar pagos, lo que implica que los pequeños productores en situación crítica deban seguir acumulando obligaciones en un contexto de baja rentabilidad.
En ese sentido, la letrada sostuvo que la situación se complejiza porque la emergencia agropecuaria que se dictó en la provincia de Buenos Aires no alcanza a impuestos nacionales ni a tasas municipales, lo que deja fuera de cobertura a gastos que impactan directamente en la economía de los productores rurales afectados por las inundaciones de este año.
En ese punto, Córdoba Martín remarcó que la tasa vial constituye uno de los principales reclamos de los productores del interior bonaerense, ya que, incluso en la declaración de la emergencia agropecuaria, las autoridades locales exigen el pago sin otorgar contraprestaciones acordes a las necesidades de los afectados.
“Hay una falta de coherencia importantísima, porque si el productor está en emergencia agropecuaria para pagar el inmobiliario también debería estarlo para afrontar la tasa vial, pero esto no sucede”, advirtió la abogada en diálogo con este medio, al tiempo que agregó que esa contradicción genera “múltiples conflictos judiciales en distintos partidos de la provincia”.
En tanto, la letrada cuestionó que los créditos blandos ofrecidos en el marco de la emergencia agropecuaria no siempre resultan una solución, debido a que no contemplan la responsabilidad del Estado en el manejo de obras hídricas, por lo que subrayó que los préstamos “terminan siendo una forma de endeudar a los productores para reparar daños generados por la falta de infraestructura provincial y nacional en materia de control de aguas y drenajes”.
En ese sentido, Córdoba Martín trazó un panorama preocupante sobre la situación económica del sector productivo bonaerense. Es que, la abogada aseguró que la cosecha gruesa apenas alcanzó para cubrir los gastos de producción, que la siembra fina no pudo concretarse y que la soja de primera se encuentra en riesgo, mientras que a esa situación se suma el mal estado de la hacienda, lo que repercutirá en una menor cantidad de terneros en la primavera.
Según indicó la abogada oriunda de Carlos Casares, este escenario anticipa una fuerte escasez de recursos hasta abril de 2026, lo que pone en duda la capacidad de recuperación de numerosos pequeños y medianos productores. “La emergencia agropecuaria puede ser algo antes que nada, pero termina siendo un paliativo que no resuelve los problemas estructurales y que, en muchos casos, solo posterga la crisis”, sostuvo.
En ese sentido, Córdoba Martín hizo hincapié en que, de haberse llevado adelante las obras necesarias, las pérdidas productivas habrían sido menores y los paliativos fiscales no tendrían el carácter de medidas aisladas, sino complementarias de una estrategia integral de protección al sector agropecuario. “Siempre vamos poniendo parches, pero no atacamos las causas de fondo”, resumió.
Por último, Córdoba Martín destacó que en algunos distritos, como en Carlos Casares, los trámites administrativos para acceder a los beneficios de la emergencia agropecuaria son “particularmente engorrosos”, y desincentivan a los productores a realizar la presentación correspondiente. “Ese panorama seguramente no es distinto en otros partidos de la provincia”, advirtió, al remarcar la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad que viven los productores en los territorios.
Kicillof prorrogó la emergencia agropecuaria en cuatro distritos
Esta mañana, el gobernador Axel Kicillof oficializó la prórroga de la emergencia y desastre agropecuario en los municipios bonaerenses de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, medida que regirá hasta el 28 de febrero de 2026 y que busca dar continuidad a los beneficios fiscales y crediticios a los productores afectados por las inundaciones.
La disposición, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N° 2452/2025, se basó en los informes técnicos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Agrario que incluyeron imágenes satelitales, relevamientos de campo y estudios meteorológicos que confirmaron la magnitud del impacto en las explotaciones rurales.
Con la prórroga, los productores alcanzados por la declaración de desastre quedan eximidos del pago del impuesto inmobiliario rural en la proporción de los daños sufridos, mientras que los incluidos en emergencia contarán con facilidades de pago y prórrogas impositivas. Además, el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) serán los encargados de aplicar las medidas previstas en la normativa vigente.
En tanto, desde la provincia señalaron que los interesados deberán presentar sus declaraciones juradas dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto, requisito indispensable para acceder a los beneficios, mientras que la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario continuará evaluando la situación de otros partidos que también solicitaron la extensión de la medida, con el objetivo de determinar si corresponde incluirlos en futuras prórrogas.
