Este martes, el Gobierno nacional, que encabeza el presidente Javier Milei, dispuso la prórroga de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por un año, a días de que la organización Amnistía Internacional (AI) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el riesgo a la libertad de prensa en Argentina.
A través del decreto 675/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno fundamentó la intervención del ENACOM al decir que el proceso necesita más tiempo para “contemplar, entre otras cuestiones, las modificaciones normativas necesarias, y la instrumentación y aprobación de las modificaciones a los programas existentes”.
De esta manera, Juan Martín Ozores continuará al frente de la intervención del ENACOM, con el “rango y jerarquía de Secretario”, junto a la abogada Patricia Zulema Roldán y el exdirector del organismo durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.
“En el ejercicio de su cargo, el Interventor tendrá las facultades y competencias establecidas para la Autoridad de Aplicación en las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus respectivas modificaciones, especialmente las que se le asignaran al directorio del ENACOM y ejercerá la representación legal del organismo”, apuntó el Poder Ejecutivo en la normativa.
Cabe recordar que, el presidente Milei definió la intervención del ENACOM por un plazo de 180 días a partir de enero “con la finalidad de proceder a su reestructuración y adecuación a los nuevos lineamientos de simplificación y libre competencia promovidos por el Gobierno Nacional”.
En ese sentido, el Gobierno apuntó en el decreto que la intervención del organismo de comunicación dejó “en evidencia la falta de control suficiente, una estructura inadecuada y sobredimensionada, la ausencia de objetivos claros y discrecionalidad en la aplicación de fondos”, entre otras.
Vale recordar que, en abril, el ENACOM fue uno de los organismos que estuvo en el centro de la primera ola de despidos en la administración pública, luego de que el Gobierno dispuso, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el cierre de las delegaciones provinciales, lo que significó cerca de 500 desvinculaciones en el sector, según indicó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Por ese entonces, Milei indicó que, en las delegaciones provinciales del ENACOM, habría una “dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial” de los bienes de las sedes.
Vale mencionar que, el ENACOM es un organismo autárquico y descentralizado, que tiene como objetivo “conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión”.
Según precisa la página oficial, el ENACOM fue creado en diciembre del 2015 para crear un organismo que funcione como “regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad”.
La ENACOM y el riesgo a la libertad de prensa en Argentina
En ese marco, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) denunciaron el “desmantelamiento del sistema de controles y regulación de medios y telecomunicaciones argentinos” a partir de la intervención del ENACOM.
De esta manera, CONTA y FARCO advirtieron que la gestión de Milei le pone un freno a “toda proyección a los medios de comunicación comunitarios y alternativos y sometiendo el espectro al arbitrio de las corporaciones hegemónicas y su discurso único”.
En ese sentido, los medios alternativos alertaron por “una intervención a tono con el escenario general de ultra concentración, autoritarismo, vaciamiento de los medios públicos, hostigamiento a periodistas (en particular mujeres), y promoción del acoso digital“.
Vale recordar que, la semana pasada, Amnistía Internacional (AI) envió una carta a la CIDH en la que alertó sobre “el peligro del debilitamiento del debate público” en la Argentina y en la que advierte que cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes sociales y medios de comunicación.
De esta manera, el organismo internacional consideró “urgente” que la CIDH y las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos y de libertad de expresión “exhorten al Estado argentino” a que deje de lado los discursos y mensajes criminalizantes sobre los periodistas, a quienes en más de una ocasión se los apuntó de estar “ensobrados” por la oposición.
Por ese motivo, el organismo internacional advirtió que “cuando quien agrede es el Presidente de la Nación, está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información”, al tiempo que “habilita y promueve el hostigamiento, las amenazas y la violencia”.
