La creciente preocupación por los episodios de violencia registrados en escuelas bonaerenses volvió a poner en agenda el debate sobre las herramientas de prevención, contención y resguardo institucional dentro del sistema educativo. En ese marco, la productora y asesora de seguros, Emilia Arrechea, sostuvo en diálogo con Diputados Bonaerenses que resulta indispensable que los establecimientos educativos cuenten con pólizas de responsabilidad civil vigentes, en línea con lo establecido por la legislación nacional.
“Hoy más que nunca es necesario que las instituciones educativas cuenten con el respaldo de una aseguradora”, señaló la especialista, al advertir que los hechos de conflicto y violencia dentro del ámbito escolar “se dan con más frecuencia” y exponen a las comunidades educativas a situaciones que requieren respuestas inmediatas.
Cabe señalar que, la problemática tuvo especial impacto en municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, localidad en la que se contabilizaron decenas de reportes, mientras que los gremios de docentes, frente a este escenario, mantuvieron reuniones con autoridades educativas y de seguridad para reclamar medidas concretas.
Arrechea explicó que el seguro no sólo representa un respaldo económico ante eventuales daños, sino también una herramienta de acompañamiento, gestión y asesoramiento y aclaró que “más allá de los costos, es importante entender que el seguro cumple una función preventiva y de contención”.
Según detalló la especialista, la normativa vigente establece que los titulares de las escuelas bonaerenses, tanto públicas como privadas, deben contratar un seguro de responsabilidad civil para responder por daños causados o sufridos por alumnos menores de edad mientras estén bajo control de la autoridad escolar.
La asesora precisó además que este tipo de cobertura responde exclusivamente frente a daños materiales o físicos al tiempo que, aclaró que las situaciones vinculadas a amenazas sin daño concreto, como algunas de las denuncias recientes por presuntos tiroteos escolares, no quedan contempladas dentro de estas pólizas.
“Sabemos que las cosas suceden, pero es mucho mejor estar preparados y tener previsto cómo resolverlas”, indicó Arrechea, al subrayar que la ausencia de cobertura puede derivar en consecuencias económicas y legales de mayor magnitud para las instituciones.
Desde el plano legal, Arrechea recordó que el régimen actual fija una responsabilidad objetiva para los titulares de establecimientos educativos, quienes sólo pueden eximirse ante la acreditación de caso fortuito.
En concreto, según datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, en los últimos días se registraron más de 1.000 denuncias en toda la provincia vinculadas a pintadas, mensajes sobre posibles tiroteos y fotografías de alumnos con armas.
Senadores en alerta por la violencia en las escuelas bonaerenses
Senadores bonaerenses de la oposición presentaron proyectos en la Legislatura para exigir explicaciones al Gobierno provincial sobre las medidas adoptadas frente a las amenazas de posibles tiroteos escolares registradas en distintos establecimientos educativos. Los pedidos apuntan a conocer si existe un protocolo específico de actuación, qué mecanismos de prevención se activaron y cuál es la dimensión de las denuncias radicadas en territorio bonaerense.
Por un lado, la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, una de las iniciativas solicita reforzar las acciones de prevención y abordaje para garantizar entornos escolares seguros para alumnos, docentes y auxiliares. En ese marco, la legisladora advirtió que estos episodios “no pueden ser tomados como simples bromas”, ya que alteran la convivencia escolar, generan temor en la comunidad educativa y requieren intervención temprana con participación de las áreas educativas, de niñez y salud mental.
En paralelo, el titular de la bancada de HECHOS – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, pedido de informes reclama precisiones sobre la activación de protocolos de seguridad, la existencia de sistemas de alerta temprana, las capacitaciones brindadas a equipos educativos y la cantidad de actuaciones administrativas o judiciales registradas desde marzo. “Las amenazas en escuelas de La Plata y la Provincia exigen respuestas concretas”, planteó uno de los legisladores impulsores.
