El diputado bonaerense de Derecha Popular, Juan José Esper, presentó un proyecto de ley para derogar dos resoluciones efectuadas por la Subsecretaría de Gobierno Digital que establecieron las directrices para la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en la Administración Pública provincial.
En ese sentido, Esper remarcó que la Subsecretaría dependiente del Ministerio de Gobierno bonaerense se excedió en sus competencias, al afirmar que la creación de un registro de Inteligencia Artificial en los organismos de la Administración Pública debe efectuarse mediante el tratamiento en la Legislatura bonaerense.
“Un órgano subordinado carece de facultad para dictar actos de alcance general que creen obligaciones registrables, establezcan prohibiciones absolutas y condicionen la actuación de la totalidad de la Administración centralizada y descentralizada, incluidos organismos dotados de autarquía”, remarcó el legislador bonaerense.
Es preciso mencionar que, las resoluciones a la que hace referencia Esper establecieron las reglas para el “desarrollo y uso responsable de sistemas de Inteligencia Artificial” que hace referencia al dictado de disposiciones operativas, aclaratorias, interpretativas y complementarias para todos los organismos de la Administración Pública de la Provincia.
Según indicó el diputado bonaerense de Derecha Popular, “ninguna de esas potestades puede derivarse por implicancia de una norma de organización”, en este caso de la Subsecretaría de Gobierno Digital a cargo de Sandra D’Agostino, que publicó las resoluciones en 2025 y luego fueron ratificadas por el Gobierno bonaerense mediante un decreto en julio de este año.
“Se trata de un marco de matriz precautoria, incorporado sin evaluación alguna de su impacto sobre la innovación y sobre la eficiencia de la gestión pública local. No hay neutralidad técnica: hay una decisión política adoptada por quien no fue elegido para adoptarla”, afirmó Esper en los fundamentos del proyecto.
Además, el legislador planteó en su iniciativa parlamentaria que la regulación del desarrollo, adopción y uso de sistemas de IA por parte de los organismos de la Administración Pública sólo podrá establecerse mediante “ley formal” a la creación de registros o padrones de inscripción obligatoria, a la clasificación de sistemas por niveles o categorías de riesgo con efectos vinculantes y al establecimiento de regímenes de autorización, habilitación o evaluación previa obligatoria.
De esta manera, todo régimen especial que se establezca en el futuro por ley en el desarrollo de la Inteligencia Artificial deberá sustentarse en la evaluación de su impacto sobre la realidad institucional y tecnológica provincial, y no podrá fundarse en la remisión o reenvío automático a marcos regulatorios de ordenamientos extranjeros.
“La iniciativa se inscribe en una orientación de simplificación normativa que procura reducir la proliferación de reglas que generan incertidumbre y restringen el desenvolvimiento de la actividad. Que sea la Legislatura quien defina si corresponde algún régimen especial en materia de IA, con qué contenido y bajo qué condiciones contrata el Estado provincial, es la garantía mínima de que esa decisión será deliberada, fundada y estable”, concluyó Esper.
Es preciso mencionar que, el Ejecutivo bonaerense publicó el 14 de julio el decreto N°742/26 “Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial”, mediante el cual los organismos estatales deberán adoptar medidas progresivas para la implementación de sistemas de IA “conforme a los principios y lineamientos establecidos en el presente instrumento”.
La medida, que lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y el ministro de gobierno, Carlos Bianco, retoma los lineamientos y marcos regulatorios específicos de las resoluciones firmadas por D´Agostino el año pasado. “Resulta necesario consolidar dichas iniciativas en una estrategia integral, coordinada y transversal a todos los organismos de la Administración Pública”, fundamentaron desde Gobernación.
