Luego de que el Gobierno nacional de Javier Milei anunciara a través de sus redes sociales que “no renovará” los contratos de 1.400 estatales del área de salud, los empleados agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), bajo la conducción de Rodolfo Aguiar, anunciaron que se encuentran en la definición de nuevas medidas de fuerza para hacerle frente a los despidos.
“El Gobierno nacional profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta medida es de extrema gravedad, afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud”, señaló Aguiar en sus redes sociales, al tiempo que advirtió que si los despidos se concretan podrían desatarse“perjuicios que serán irreparables” en los próximos años.
En ese sentido, el líder de los estatales nacionales enfatizó que la decisión del Ministerio de Salud es de “extrema gravedad”, ya que el Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. “Esta medida, que produce 1.400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración, afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios sanitarios”, agregó el dirigente.
En tanto, el sindicato de trabajadores estatales resaltó el peligro de cierre que conllevan los despidos que llevará adelante el Gobierno nacional, como ocurre en el Hospital Bonaparte, donde la gestión de Mario Lugones cesanteó a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos.
“Esto deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación y el Hospital de Día, y queda inoperativo el servicio de odontología pediátrica, afectando el derecho a la salud enmarcado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley N° 26.529”, señalaron desde ATE.
En esa línea, Aguiar advirtió que el Gobierno busca “arrasar con los derechos fundamentales garantizados, sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad, atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida, pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio”.
Para los estatales, la “clara intención de vaciamiento y desguace” de los hospitales por parte de las autoridades nacionales es preocupante. “No se debe prohibir el ingreso de nuevos pacientes y además impedir que se realicen derivaciones de internados a otros centros de salud de manera intempestiva o involuntaria”, indicó Aguiar.
Por eso, desde ATE anunciaron que van a iniciar nuevas protestas, ocupaciones y paros sectoriales, y que no descartan que en las próximas horas se estructure una medida de fuerza que les permita unificar los reclamos de todos los hospitales que están en riesgo por las “decisiones irresponsables” del Gobierno nacional.
“Estos despidos vienen acompañados del cierre y desmantelamiento de políticas públicas: eliminaron los programas de prevención y control de tuberculosis, VIH y diabetes, por lo cual los usuarios del sistema dejan de tener la medicación correspondiente para tener una mejor calidad de vida, y se desarmó la Dirección de Vectores que llevaba adelante el estudio epidemiológico del dengue, vital para implementar nuevas medidas que impidan nuevos brotes”, recordaron desde ATE.
Es preciso mencionar que, entre las dependencias en riesgo por los 1.400 contratos que no se renovarán en febrero, se encuentran los hospitales Posadas, Bonaparte, René Favaloro y Sommer, el PAMI, el Instituto Nacional del Cáncer y la Superintendencia de Servicios de Salud.
Tras los despidos de 1.400 estatales, Nación quiere ceder los hospitales a las provincias
Tras los cuestionamientos por la decisión del Gobierno nacional de iniciar un proceso de “reestructuración” del Hospital Bonaparte y de otros centros sanitarios, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, sostuvo que el Gobierno estudia ceder hospitales a las provincias, al considerar que la salud es una “responsabilidad” de cada jurisdicción.
“Lo de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias”, afirmó el ministro coordinador en declaraciones radiales.
En ese sentido, Francos consideró que la gestión de los hospitales públicos “debería estar en manos de las provincias”. “No tiene lógica que la Nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar“, sostuvo el jefe de Gabinete en declaraciones radiales.
