El 96% de los trabajadores estatales aprobó los exámenes de idoneidad impulsados por el Gobierno de Javier Milei, lo que llevó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a redoblar la presión para que los empleados públicos sean incorporados a la planta permanente. Durante la primera semana de evaluaciones, 4.002 de los 4.126 de las personas que rindieron en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) superaron la prueba, y lograron demostrar, según el gremio, su capacidad y cuestionaron la necesidad del proceso.
En este marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó los resultados positivos y reiteró el pedido de estabilidad laboral para los trabajadores. “Como era de esperar, todos los exámenes están siendo aprobados por los agentes y, según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad”, afirmó Aguiar, al tiempo que calificó a las evaluaciones como un intento fallido de “estigmatizar” el empleo público.
Al respecto, el dirigente insistió en que, si no se concreta el pase a planta, los contratos deberían renovarse automáticamente, tal como lo estipula la Constitución Nacional. Sin embargo, Aguiar redobló la apuesta y arremetió de lleno contra el Gobierno nacional y sugirió extender las evaluaciones al propio gabinete de Javier Milei.
“Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre. Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita tomarles exámenes y dejar en evidencia su incapacidad de gestión desde los directores hasta los ministros”, lanzó el sindicalista.
Las pruebas, que evalúan conocimientos en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública, se realizan bajo un formato de opción múltiple. El proceso incluye a empleados de planta transitoria, contratados y monotributistas cuyos contratos vencen a fin de año. Hasta ahora, 30.000 personas se inscribieron para rendir durante diciembre y enero, y se espera que esta semana otros 5.000 trabajadores sean evaluados.
Desde el Gobierno, insisten en que las evaluaciones no buscan “filtrar” a los empleados, sino garantizar la idoneidad de quienes forman parte del Estado, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la administración pública. Además, establecieron que quienes deseen ingresar al Estado en el futuro también deberán rendir el examen y presentar un certificado “libre” de antecedentes penales.
Sin embargo, para ATE, el proceso sigue siendo motivo de controversia. El gremio considera que los exámenes de idoneidad son una herramienta “ilegal” de control que vulnera los derechos laborales y busca desprestigiar a los trabajadores públicos. En esa línea, Aguiar remarcó que la alta tasa de aprobación refuerza la legitimidad del empleo estatal y cuestionó las verdaderas intenciones del Ejecutivo: “Estos resultados son la prueba de que el problema no está en los trabajadores, sino en quienes toman decisiones políticas”, categorizó.
Mientras el proceso de evaluaciones para los empleados públicos continúa, la discusión en torno a la estabilidad laboral y el pase a planta permanente se mantiene como un eje central en el conflicto entre la actual conducción nacional y los gremios estatales. No obstante, desde ATE advirtieron que no abandonarán su reclamo y anticiparon nuevas medidas en caso de que el Ejecutivo de Milei no brinde respuestas favorables.
Exámenes de idoneidad: denuncian una experiencia “humillante” y judicializan el proceso
El Gobierno defiende la implementación de los exámenes de idoneidad como un mecanismo para garantizar la capacidad de los empleados estatales y mejorar la eficiencia del sector público. No obstante, desde ATE sostienen que la iniciativa forma parte de un plan de ajuste y despidos en la administración pública. La amenaza de no renovar contratos a quienes no aprueben —que en su mayoría vencen a fines de diciembre— genera incertidumbre entre los trabajadores, quienes afrontan el proceso con temor a una nueva ola de cesantías.
Camila, una trabajadora del ex Ministerio de Desarrollo Social, describió su experiencia como frustrante. “No evaluaron mi trabajo, sino conocimientos previos. Nada de lo que me preguntaron me sirve para mis tareas diarias. Y lo peor es que nos evalúan tipos que endeudaron al país y que a veces ni siquiera logran pronunciar bien una oración completa”, expresó con ironía.
Desde ATE Capital sostienen que la medida vulnera derechos laborales y actúa como herramienta de “hostigamiento y persecución”. Daniel Catalano, secretario general del gremio, denunció que los exámenes son un intento de exclusión y no buscan “la excelencia en el Estado”. La organización sindical presentó un recurso de amparo que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, a cargo de Santiago Carrillo, quien dio plazo hasta el jueves para que el Gobierno entregue documentación que respalde el procedimiento.
Mientras tanto, varios trabajadores reportaron dificultades para inscribirse debido a problemas en la plataforma oficial. De hecho, la Secretaría De Transformación Del Estado y Función Pública (SEP) tuvo que extender el plazo de exámenes hasta enero, y desde ATE advirtieron que algunos empleados, especialmente los de mayor edad, rindieron en condiciones de extrema presión por el riesgo de perder sus contratos.
Romina, trabajadora del ex Ministerio de Cultura, relató cómo la evaluación se transformó en una experiencia humillante: “Tuve que pasar por tres chequeos de datos antes de llegar al aula, después de una fila enorme de compañeros. La mayoría aprueba, pero algunos, sobre todo gente grande, entran asustados y se bloquean”.
Asimismo, la empleada pública cuestionó el “diploma” de aprobación firmado digitalmente por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que incluye un código QR con una animación de papelitos de colores. “Nos toman por idiotas”, cerró contundente.
