El presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, en los últimos días presentó un proyecto de ley que busca garantizar el suministro de energía eléctrica para los sectores más vulnerables en la provincia de Buenos Aires, con fuertes críticas a las políticas económicas de la administración de Javier Milei.
El proyecto de ley establece, en su artículo segundo, que las empresas proveedoras de energía eléctrica no podrán disponer el corte o la interrupción del servicio a los usuarios residenciales categorizados en los segmentos N2 y N3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que agrupan a los hogares de ingresos bajos y medios-bajos, que dependen de subsidios para afrontar los costos de las facturas.
Sin embargo, el alcance de la propuesta de Facundo Tignanelli no se limita únicamente a estos segmentos, dado que entre los beneficiarios directos de la propuesta se incluyen a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, quienes suelen pertenecer a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Asimismo, la iniciativa de ley pretende proteger a aquellos que perciben Pensiones no Contributivas, siempre que sus ingresos no superen tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, un indicador clave para medir los ingresos mínimos necesarios para sostener una vida digna en el país.
Otros grupos incluidos en los beneficios que plantea el proyecto de Facundo Tignanelli son los jubilados y pensionados, los trabajadores en relación de dependencia con ingresos brutos menores o iguales a tres salarios mínimos, así como los monotributistas sociales y los trabajadores independientes en la misma situación económica.
La propuesta legislativa también extiende sus beneficios a quienes reciben el seguro de desempleo, a personas electrodependientes, y a los trabajadores domésticos registrados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, según lo dispuesto en la Ley N° 26.844.
Uno de los puntos destacados de la iniciativa es la obligación de las empresas de ofrecer planes de pago en cuotas para los usuarios que se encuentren en situación de mora. Esta medida, que debe activarse a pedido expreso de los usuarios, tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago sin recurrir al corte del servicio, algo que puede agravar la situación de vulnerabilidad de las familias.
En los fundamentos del proyecto, Facundo Tignanelli, subraya que la actual crisis económica, exacerbada por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei, generó un escenario crítico para vastos sectores de la población, en especial para aquellos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.
“El contexto actual por el que atraviesa la Argentina afecta a toda la población, pero es evidente que quienes pueden verse privados de contar con un servicio esencial como la provisión de energía eléctrica se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad“, sostuvo el legislador de La Cámpora.
En los considerandos de la iniciativa, el diputado agregó que el acceso a la energía eléctrica es indispensable para garantizar el derecho a una vida digna, la salud y el bienestar de las personas. En este sentido, Tignanelli sostuvo que “propiciar condiciones que aseguren el pleno ejercicio y goce de estos derechos es una prioridad”, y que las medidas contenidas buscan precisamente evitar que los sectores más débiles se vean empujados aún más a la marginalidad por la interrupción de servicios básicos.
Otro aspecto importante del proyecto es la imposición de sanciones a las empresas que no cumplan con lo establecido en la ley. Según la iniciativa, las prestatarias del servicio eléctrico que violen las disposiciones serán objeto de multas, cuyo monto será determinado por la Autoridad de Aplicación, una entidad aún por definir, pero que se encargará de supervisar el cumplimiento de la normativa.
En este contexto, la propuesta de Tignanelli reaviva el debate sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre las políticas sociales y económicas. Así, mientras que el Gobierno nacional defiende la necesidad de recortar gastos en subsidios y promover políticas de austeridad, la oposición argumenta que las medidas de ajuste profundizaron las desigualdades sociales y empeoraron las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos.
Por caso, Tignanelli en los fundamentos de su proyecto remarcó que “las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei han tenido efectos negativos significativos sobre la calidad de vida y el bienestar de amplios sectores de la población“.
El proyecto de ley impulsado por Facundo Tignanelli representa un nuevo capítulo en la lucha por el acceso equitativo a servicios esenciales en un contexto económico adverso. Mientras se espera su tratamiento en la Legislatura bonaerense, la discusión sobre el papel del Estado en la protección de los más vulnerables frente a las políticas de ajuste continúa siendo un tema central en el debate político del país.
Facundo Tignanelli, autor de la ley de tarifa cero para asociaciones civiles
El diputado de La Cámpora también es autor del proyecto de tarifa cero para asociaciones civiles bonaerenses de primer grado que fue convertido en ley por la Legislatura bonaerense y, posteriormente, promulgado por el Gobierno de Axel Kicillof hace casi cuatro años, en octubre de 2020.
La ley declara de “interés público provincial tanto a las asociaciones civiles de bajos recursos y a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y mutuales de comunidades migrantes”, entre otras entidades.
En paralelo, la norma establece que las asociaciones y mutuales abarcadas “podrán acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto mientras dure la emergencia sanitaria”.
La normativa, también contempla una prórroga de los plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condonación deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; y la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado.
Cuando se sancionó la norma, Facundo Tignanelli, resaltó que la norma tenía por objetivo “facilitar una protección mayor del Estado a asociaciones como centros de jubilados, clubes de barrio, centros culturales y sociedades de fomento”.
