A cinco años del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada el 1 de abril de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay, los familiares pidieron que la Corte Suprema intervenga en la causa y exigieron de manera urgente una reforma judicial.
El pedido de los padres de Micaela García tiene que ver con que uno de los acusados por el crimen de la joven, Néstor Pavón, recuperó su libertad en 2020, tras haber estado detenido 3 años y cuatro meses, luego que la Justicia entrerriana aceptara su camioneta como alternativa a la caución de un millón de pesos que le había sido interpuesta.
“Nosotros creemos que Néstor Pavón también participó de la violación y del femicidio. Hay elementos en la causa como para suponer esto. El mismo Wagner dice que él la violó, pero que el que la mató fue Pavón”, detalló el padre de la joven estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, Néstor García.
Por esa razón, decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): “Es la última instancia en el país que tenemos para apelar”, afirmó García, acompañado de la mamá de Micaela García, Andrea Lescano.
“Hace dos semanas, tuvimos la noticia de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos elevó el expediente a la Corte Suprema de la Nación porque la justicia entrerriana no actuaba, aseguraron García y Lescano.
Cabe señalar, que en junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner por el abuso sexual y el homicidio de Micaela García y ordenó anular la sentencia de Pavón para quien solicitaron que sea sometido a un nuevo juicio oral.
En este sentido, los padres de Micaela García, advirtieron que en la mayoría de los casos de mujeres asesinadas en el marco de violencia de género “se sigue revictimizando a las víctimas, actuando tarde y siendo indiferente”.
Vale recordar, que el femicidio de Micaela García se produjo en la madrugada del 1 de abril de 2017 a la salida de un boliche en Gualeguaychú, cuando la joven de 21 años fue secuestrada, violada y asesinada por Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.
El femicidio de Micaela García instaló la urgencia de la perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado, lo que derivó en la sanción en diciembre de 2018 de la Ley 27.499, más conocida como “Ley Micaela”, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes.
Sin embargo, los padres de la joven resaltaron que desde 2017 “muchas cosas no han cambiado” y por eso “a las pibas las siguen matando no sólo los femicidas sino, también, un Estado sin perspectiva de género”.
En este contexto, García y Lescano exigieron una reforma judicial para que el sistema de justicia argentino “tenga intervenciones adecuadas y rápidas y no perpetúen la impunidad” y reclamaron una “aplicación efectiva” de la ley que lleva el nombre de su hija.