Este martes, un grupo de familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se presentaron en el Congreso para impulsar un proyecto de ley de trazabilidad integral de medicamentos de alto riesgo, con el objetivo de establecer controles desde la fabricación hasta la administración al paciente y evitar que se repita una tragedia sanitaria como la ocurrida con el lote adulterado. La convocatoria fue encabezada por la diputada nacional Marcela Pagano y contó con una asistencia legislativa reducida, pese a que habían sido invitados los jefes de bloque.
Es preciso mencionar que, el encuentro estuvo atravesado por el reclamo de respuestas políticas ante una crisis que, según remarcaron los familiares de las víctimas, aún no generó reformas estructurales en el sistema de fiscalización sanitaria. En ese marco, los impulsores del reclamo llevaron una consigna directa a los diputados y senadores, al señalar que “el Congreso ya tiene el diagnóstico y aún no actúa”, en alusión a la demora para traducir en leyes las recomendaciones elaboradas tras el escándalo.
La causa judicial por los más de 100 fallecidos por el fentanilo contaminado se tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Allí, se investigan alertas previas, fallas de control y decisiones administrativas que no habrían impedido la producción ni la circulación de los medicamentos cuestionados. Mientras avanza el expediente, los familiares buscan que el debate también se traslade al plano legislativo.
Según dejaron trascender, de la presentación que realizaron los familiares de las víctimas participaron los diputados nacionales Esteban Paulón (Provincias Unidas), Romina del Plá (Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad) y, de manera virtual, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), además del diputado bonaerense Christian Castillo. Para los reclamantes, la escasa presencia parlamentaria reflejó el lugar secundario que aún ocupa el tema del fentanilo contaminado dentro de la agenda política nacional.
Según expusieron los familiares durante la reunión a los pocos legisladores que asistieron a la presentación del proyecto, entre 2018 y 2024 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) registró 118 reportes por desvíos de calidad vinculados al grupo HLB–Ramallo. De ese total, el 86% habría sido confirmado y además existieron al menos 65 expedientes por irregularidades graves.
Por caso, en noviembre de 2024, una inspección detectó fallas críticas y recomendó inhibir al laboratorio para elaborar medicamentos estériles, aunque esa medida no se habría aplicado de forma efectiva. Más tarde, en febrero de 2025, una advertencia no derivó en una inhabilitación ni llegó adecuadamente a los efectores de salud, y durante ese lapso, el laboratorio continuó con la producción y distribución medicamentos, entre ellos el lote luego vinculado al fentanilo contaminado.
En ese sentido, los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado también advirtieron una pérdida de capacidad operativa del organismo regulador, al indicar que la ANMAT sufrió más de 120 desvinculaciones en dos años y actualmente cuenta con alrededor de diez inspectores para supervisar más de 300 laboratorios nacionales, una relación que consideraron insuficiente para garantizar controles eficaces.
De esta manera, el eje central del proyecto presentado en el Congreso consiste en crear un sistema obligatorio de seguimiento para cada medicamento de alto riesgo durante todo su recorrido comercial y sanitario, en el marco de una propuesta que prevé registrar la materia prima utilizada, los procesos de fabricación, la distribución, el ingreso a centros de salud y la aplicación final al paciente.
Para ello, el texto escrito por los familiares de los fallecidos por el fentanilo contaminado plantea la identificación unívoca de cada ampolla mediante herramientas de serialización, con un esquema que incluiría un código global GTIN, un número de serie irrepetible y una codificación Data Matrix, lo que permitiría reconstruir de manera inmediata el trayecto completo de cada producto ante cualquier alerta sanitaria.
“La ausencia de un sistema unificado demoró la detección del fentanilo contaminado, dificultó el retiro de las ampollas comprometidas en circulación y complicó la determinación de pacientes que habían recibido el lote investigado. Por eso la Justicia debió intervenir para reconstruir una trazabilidad que no existía de manera preventiva, mientras continuaban inyectando víctimas”, completaron los familiares de las víctimas, que se acercaron al Congreso en busca del respaldo de los bloques para avanzar con su proyecto.
