El presidente de la Nación Alberto Fernández aseguró esta mañana que lo que pretendía el Gobierno nacional cuando dispuso la intervención de Vicentin era "rescatar a una empresa importante en el mercado cerealero, no a los directivos".
“Pero nos dimos cuenta que íbamos a terminar metidos en una empresa salvándoles las papas a los directivos y accionistas de la empresa, por eso mejor se transforme en una empresa autónoma”, explicó el mandatario sobre la derogación del DNU que ordenó la intervención de la firma.
De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y dijo que “el juez interviniente en el concurso, no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”.
En este sentido, Fernández aseguró que se intentó "rescatar una empresa para servicio de la Argentina, pero no estatizarla”. "Estatizar deudas privadas no, rescatar una empresa para servicio de la Argentina, sí, pero no vamos a salvar accionistas ni avalar el desfalco de una empresa”.
Vale recordar, que este viernes el marco de la causa que investiga delitos en el otorgamiento de préstamos por parte del Banco Nación (BN) durante el gobierno de Mauricio Macri, la cerealera tuvo que entregar a pedido del Julián Ercolini la rendición de cuentas de los últimos cinco años.
De esa manera, el magistrado hizo lugar a una medida de prueba pedida por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación por esos supuestos hechos delictivos en el otorgamiento a Vicentin de créditos multimillonarios durante la administración de Cambiemos.
"El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo. Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo", remarcaba ayer el jefe de Estado.
Desde el comienzo, el Gobierno se enfrascó en una batalla política y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.
Asimismo, Fernández sostuvo que “nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”. “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial", apuntó.
"En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", concluyó el mandatario.
Por último, el Presidente enfatizó que "he dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado"
