El empresario, Leandro Camani, fue formalmente imputado por el delito de extorsión agravada en una causa judicial que investiga una presunta red dedicada a impulsar denuncias penales con el objetivo de ejercer presión sobre distintos actores, principalmente vinculado a las fotomultas. El expediente, que se tramita en el ámbito judicial bonaerense, también involucra al dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, quien ya había sido mencionado en etapas previas de la investigación.
La imputación fue dispuesta por el fiscal Germán Camafreitas, en una causa que se desarrolla bajo la órbita del juez Walter Saettone. Según consta en el expediente, el caso comenzó a tomar forma a partir de distintos testimonios que vinculan a Camani con el dirigente político de Pilar, presidente local de la Coalición Cívica ARI y cercano a Elisa Carrió.
De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, el nombre del empresario apareció en la investigación a partir de su relación con Yofe. Entre las pruebas mencionadas figuran pagos por un espacio radial en Cadena Premium y su presencia en la ceremonia de los premios Martín Fierro, datos que surgieron a partir de testimonios aportados por un custodio y por el periodista, Claudio Ponce de León.
En el expediente judicial también se presentó como damnificado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien denunció presuntas presiones vinculadas a la instalación de sistemas de fotomultas en rutas y en predios del CEAMSE. Según su presentación ante la Justicia, recibió un pedido “de carácter económico-administrativo” para habilitar nuevos dispositivos de control.
El dirigente deportivo sostuvo que rechazó esa propuesta y que posteriormente comenzaron las presiones. “Me negué de manera expresa y categórica”, afirmó Tapia en su declaración, y agregó que tras esa decisión “se iniciaron acciones tendientes a materializar la ofensiva judicial anunciada”.
La causa también analiza denuncias que habrían sido impulsadas posteriormente por Yofe junto al legislador porteño Facundo Del Gaiso, en el marco de disputas vinculadas al negocio de las fotomultas. Los investigadores buscan determinar si existió una estructura orientada a promover acciones judiciales con fines de presión o beneficio económico.
En paralelo, el dirigente de la Coalición Cívica quedó bajo análisis judicial luego de que una causa por amenazas iniciada en marzo de 2025 fuera archivada por falta de pruebas. En ese expediente se investigaban supuestas intimidaciones relacionadas con la exconcejal Claudia Pombo, aunque el juzgado interviniente concluyó que varios de los hechos denunciados carecían de sustento.
Durante esa investigación, un testigo clave relativizó las presuntas amenazas y sostuvo que se trató de expresiones políticas. Según su testimonio, ni Pombo ni el exministro bonaerense, Jorge D’Onofrio, estuvieron presentes en los episodios señalados.
En otro tramo del expediente, Andrea García, que fue mencionada como presunta víctima, negó haber realizado denuncias y calificó como “mentirosa” la atribución de una presentación a su nombre. A partir de esa situación, el juzgado resolvió archivar esa línea investigativa por inexistencia de elementos de convicción, mientras que Yofe fue denunciado por presunto falso testimonio y será citado a indagatoria.
Autorización de nuevas fotomultas y debate político en la Provincia
El avance de la investigación judicial coincide con una decisión reciente del Ministerio de Transporte bonaerense que volvió a poner en discusión el sistema de control electrónico de tránsito. La cartera provincial autorizó la instalación de nuevos dispositivos de control de velocidad en rutas provinciales del partido de General Pueyrredon.
La medida alcanza a equipos fijos y móviles provistos por la firma Tránsito Seguro y se aplicará en tramos de las rutas provinciales 2, 88 y 11. Según los considerandos de la resolución administrativa, el pedido del municipio se fundamenta en informes accidentológicos y en la necesidad de reforzar la prevención de siniestros viales.
Sin embargo, la autorización se produce en un contexto atravesado por controversias judiciales y políticas vinculadas al sistema de fotomultas. Parte de las concesiones involucran a empresas vinculadas al empresario Camani, titular de la firma Secutrans, dedicada a la provisión de tecnología para la fiscalización electrónica del tránsito.
En ese escenario, distintos sectores técnicos y políticos volvieron a plantear interrogantes sobre el funcionamiento del esquema de fotomultas y sobre el control estatal de los procesos sancionatorios. Mientras continúan las investigaciones en la Justicia bonaerense y federal, el debate sobre el alcance del sistema y la participación de empresas privadas en la gestión de infracciones viales volvió a instalarse en la agenda pública provincial.
