En las últimas horas, un nuevo frente judicial se abrió en la provincia de Buenos Aires en torno al sistema de fotomultas. A la investigación que ya tramita en los tribunales federales bajo la órbita de la jueza federal María Servini de Cubría, se suma ahora la intervención de otro juzgado federal que comenzó a requerir expedientes claves para reconstruir el circuito de las infracciones y el origen/destino del dinero que generan.
El movimiento se formalizó a partir de un oficio fechado el 4 de mayo, impulsado desde la fiscalía federal de Tres de Febrero, a cargo de Paul Starc, en el marco de una causa caratulada “Tránsito Seguro y otros s/ asociación ilícita”. La actuación se vincula con la investigación que lleva adelante ese juzgado, que busca avanzar sobre el funcionamiento del sistema de fotomultas desde una perspectiva distinta a la que ya se analiza en Comodoro Py de corrupción entre empresarios y funcionarios provinciales.
El punto central del expediente no está puesto en las denuncias en sí, sino en el posible circuito económico que las rodea. En ese contexto, el nuevo juzgado federal solicitó acceso a la totalidad de las causas tramitadas en La Plata, bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, con el objetivo de analizar su contenido como insumo dentro de una investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita.
Entre los expedientes requeridos aparecen distintas actuaciones donde se repiten sujetos vinculados al sistema de infracciones viales, incluyendo presentaciones impulsadas por un mismo denunciante en distintos ámbitos. La lógica del pedido apuntaría a cruzar información y detectar patrones comunes dentro del funcionamiento del sistema investigado.
La clave de este nuevo frente está en una hipótesis incorporada al expediente: un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advierte sobre la posible utilización de multas que no se notifican o que nunca llegan a los conductores como mecanismo para lavar dinero. Esa línea de investigación llevó a la fiscalía a comenzar a reconstruir el circuito completo de las actas y del dinero.
Además, el fiscal federal pidió detalles sobre los peritajes de instrumentos tecnológicos del dueño de CECAITRA, Bernardino García, y una copia digital de la causa iniciada por el empresario vial al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la Fiscalía de Álvaro Gargant.
Según las mismas fuentes judiciales, la figura de Leandro Camani, identificado como denunciante en distintas causas vinculadas al sistema de multas, podría estar siendo analizada en relación con la hipótesis de un posible circuito de dinero irregular.
La línea de investigación no apunta a las personas o instituciones denunciadas en esos expedientes, sino al rol que cumple el impulsador de esas presentaciones y su eventual vínculo con el entramado económico que ahora se busca reconstruir.
En esa lógica, los expedientes requeridos por la fiscalía federal no tendrían como objetivo revisar las denuncias en sí, sino utilizarlos como insumo para detectar patrones en la actuación del denunciante dentro del sistema integral investigado. Es decir, analizar su participación en distintas causas —algunas de ellas contra actores del propio esquema de fotomultas— para entender si existe un hilo conductor en el manejo del circuito investigado.
La aparición reiterada de un mismo actor en presentaciones judiciales vinculadas al negocio de las infracciones es uno de los elementos que empieza a llamar la atención en el expediente.
En paralelo, la causa avanza sobre la estructura operativa de empresas que intervienen en el sistema, entre ellas Tránsito Seguro, cuyo nombre figura en la carátula del expediente federal.
