En las últimas horas, el 143° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Comarco), reunió a los empresarios que integran la mesa directiva para poner en cuestión la grave situación que atraviesa el sector tras el freno que le puso el Gobierno de Javier Milei a la obra pública, por lo que el encuentro concluyó con la declaración del estado de emergencia en el rubro.
Entre otros conflictos, la declaración del estado de emergencia por el freno de la obra pública no sólo significa un revés económico para los empresarios del sector de la construcción, sino que además los dueños de las compañías que licitaban los distintos trabajos advirtieron que podrían llegar a prescindir de 200.000 empleados, lo que se traduce en igual cantidad de despidos.
“La excepcional gravedad de la situación de la actividad de la construcción motivó la realización de una Reunión Extraordinaria del Consejo Federal que declaró el estado de emergencia en todo el país para el sector y reclamó a las autoridades del Gobierno nacional y las distintas gestiones provinciales una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados”, expresa el comunicado que salió del encuentro empresarial.
Es preciso mencionar que, el Consejo Federal de la Comarco es el órgano superior de la institución, que representa a más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura, de todo el país y sus respectivas delegaciones.
Así las cosas, los consejeros presentes en el último encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal, y emitieron una cruda declaración en la que señalaron que de persistir la grave situación actual tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general.
“No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses. Este estado de emergencia imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”, explicita el escrito publicado por la Comarco.
En esa línea, la Cámara señaló que el país “vive un estado de emergencia económica y social que ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023 agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”.
En última instancia, los consejeros de la Comarco aseguraron que en “todo el país el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente”. “El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”, finaliza el escrito.
