El jefe de la bancada de diputados UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, en las últimas horas presentó un proyecto de ley para crear un Tribunal de Responsabilidad Política, un órgano colegiado encargado de investigar actos de corrupción y faltas graves de funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
En la reforma constitucional de 1994, el Poder Ejecutivo estableció en el artículo 3 que había que crear un “Tribunal Social de Responsabilidad Política” que tuviera a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales”.
Sin embargo, desde aquel entonces todos los dirigentes que pasaron por la Legislatura bonaerense no pudieron acordar la implementación del organismo. En ese marco, esta semana Garciarena insistió con su iniciativa para darle plena operatividad al Tribunal de Responsabilidad Política.
“La falta de reglamentación e institucionalización de este Tribunal constituye una deuda pendiente del Estado provincial, que a lo largos de distintas gestiones se impulsaron iniciativas, pero ninguna logró materializar el diseño institucional previsto en la Constitución”, alegó el diputado bonaerense.
Así, Garciarena señaló que la omisión prolongada por parte del cuerpo parlamentario implica no sólo un incumplimiento formal de mandato constitucional, sino también una carencia sustantiva en materia de transparencia, control democrático y rendición de cuentas ante los bonaerenses.
Es preciso señalar que, el Tribunal de Responsabilidad Política también podrá investigar a los poderes públicos provinciales y municipales, así como organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales o sociedades que cuenten con participación estatal, con el propósito de transparentar las distintas gestiones.
No obstante, el Tribunal de Responsabilidad Política no interferirá en la competencia de los órganos jurisdiccionales, sino que, por el contrario, permitirá abordar conductas que, aunque no sean consideradas delitos, dañan la confianza pública, vulneran principios éticos y/o deterioran la integridad institucional del Estado.
De esta manera, el nuevo organismo tendrá como propósito investigar denuncias sobre posibles actos de corrupción, determinar la existencia de actos ilícitos y la responsabilidad del funcionario, verificar el perjuicio a terceros o el propio Estado, iniciar acciones civiles y mejorar la transparencia de las gestiones.
“La consolidación de mecanismos de control es especialmente necesaria en un contexto en el que la sociedad demanda mayor transparencia, mejores estándares de integridad y un uso responsable de los recursos públicos”, expresó el legislador por la Quinta Sección Electoral.
Por último, Garciarena completó: “Este proyecto busca por lo tanto institucionalizar un órgano que pueda investigar de oficio o por denuncia, que cuente con procedimientos garantistas y públicos, y que rinda cuentas periódicamente a la Legislatura, fortaleciendo así el control democrático”.
