El Gobierno de Javier Milei formalizó el llamado a licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la segunda etapa del proceso de privatización de la Red Federal de Concesiones. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a corredores estratégicos en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
La convocatoria está dirigida a empresas nacionales e internacionales interesadas en asumir la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los trazados, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. El esquema también contempla la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales.
Los más de 2.500 kilómetros incluidos en esta instancia están organizados en cuatro tramos: Mediterráneo (672 km), Puntano (720 km), Portuario Sur (637 km) y Portuario Norte (528 km). Según el Gobierno, se trata de corredores vinculados a nodos productivos, puertos y polos industriales del centro del país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado el llamado a través de su cuenta oficial en la red social X, al sostener que “estas obras, que se desarrollarán en las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008, son parte de un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.
En la misma línea, el funcionario agregó que el Gobierno nacional trabaja “para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”. El Ejecutivo enmarca la iniciativa dentro del proceso de privatización de Corredores Viales SA.
Las empresas interesadas en las rutas nacionales podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de mayo de 2026 a las 12 horas a través de la plataforma CONTRAT.AR. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres digitales y luego intervendrá una comisión evaluadora encargada de analizar las propuestas.
Dentro del territorio bonaerense, la licitación incluye tramos de alto tránsito y relevancia regional. Entre ellos se encuentran la ruta nacional 5, desde Luján hacia el límite con La Pampa; la ruta 205, entre Cañuelas y Bolívar; y la ruta 3, desde Cañuelas hasta Bahía Blanca. También figura la ruta 226, entre Bolívar y Mar del Plata, y el denominado Acceso Sur, que comprende las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
La incorporación de estas trazas consolida el avance de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que se suma a la primera fase ya adjudicada y a los llamados previos que incluyeron otros corredores estratégicos. El objetivo oficial es que la gestión integral de estas rutas nacionales quede en manos privadas durante el plazo contractual, con financiamiento principal a través del cobro de peajes.
De este modo, el Gobierno profundiza el proceso de concesión de rutas nacionales, ampliando el alcance territorial y sumando corredores de fuerte impacto productivo y logístico, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde varias de las trazas involucradas articulan el movimiento de cargas, el tránsito interurbano y la conexión con el Área Metropolitana.
Rutas nacionales: el impacto en Buenos Aires
Hace un mes, el Ejecutivo había puesto en marcha el proceso para concesionar 1.871 kilómetros adicionales en el marco de la Etapa II, en el que incluyó rutas nacionales troncales como la 3, la 5 y la 205, claves para la conexión del Área Metropolitana de Buenos Aires con el interior bonaerense. Esos corredores pasan a menos de 100 kilómetros de La Plata y son utilizados diariamente por vehículos particulares y transporte de cargas.
La política se inscribe en una estrategia iniciada semanas antes con la firma de los contratos correspondientes a la Etapa I, que abarcó 741 kilómetros. Con esa instancia en ejecución, la administración nacional amplió el alcance del esquema mediante nuevos pliegos y llamados públicos.
Según la documentación oficial, el modelo de concesión prevé no solo la explotación de las rutas nacionales sino también la ejecución de obras, mejoras estructurales y tareas de mantenimiento integral, bajo control estatal y con financiamiento proveniente de peajes.
La inclusión de rutas bonaerenses de alto tránsito dentro de este esquema implica un reordenamiento en la gestión de la infraestructura vial nacional, con efectos directos sobre la conectividad regional, la logística productiva y el transporte interurbano.
