A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno, que encabeza el presidente Javier Milei, declaró la emergencia pública en materia ferroviaria por 24 meses, con el objetivo de hacer una inversión de $1.293.780.000.000 para mantenimiento de la infraestructura del sistema.
De esta manera, el Gobierno estableció que la duración de la emergencia ferroviaria durará dos años, por lo que se extenderá hasta el próximo 13 de junio de 2026, con la posibilidad de que la Secretaría de Transporte otorgue una prórroga del plazo hasta 2028.
Según la normativa, la administración nacional consideró declarar la emergencia ferroviaria luego de registrar una “ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante”, lo que dio lugar a una “sensible disminución de formaciones en servicio y en las frecuencias” de los trenes en circulación.
En esa línea, el Gobierno señaló que otro de los motivos que provocaron la deficiencia del sistema ferroviario se debe a la deuda que tiene la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que se encarga de administrar los recursos, a la que apuntaron que pone en riesgo “las fuentes de trabajo y las condiciones laborales”.
Por este motivo, el decreto, que indicó que se destinarán $1.293.780.000.000 al sistema por la emergencia ferroviaria, puso un plazo de 15 días para que las empresas presenten propuestas que consideren “indispensables y urgentes” ante las autoridades de Transporte.
Asimismo, el decreto convocó a las empresas Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), conocida como Trenes Argentinos, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima.
De esta manera, las empresas ferroviarias podrán recibir una parte de la inversión del Gobierno para avanzar “hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad”.
Cabe recordar que la decisión, la anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni el pasado 13 de mayo tras asegurar que el Gobierno nacional había tomado la sugerencia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que arribó a la Casa Rosada luego del accidente que involucró dos formaciones de la línea San Martín y Mitre.
“Nada tiene que ver el decretar la emergencia con lo ocurrido con las líneas San Martín y Mitre, sino por el informe que recibimos de la CNRT que advierte sobre una red ferroviaria devastada”, aclaró Adorni, con lo que desligó al actual Gobierno nacional por el desfinanciamiento que habían denunciado los dirigentes gremiales luego del accidente.
En este sentido, el secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró que el descarrilamiento del tren de la línea San Martín fue producto de una serie de robos que obligó a los trabajadores a desempeñar sus funciones sin señalamiento y agregó que “no arreglan los trenes porque no hay plata”, en referencia al Gobierno nacional.
Asimismo, Maturano había informado que los trabajadores de los trenes le enviaron dos cartas documento al secretario de Transporte, Franco Mogetta, en las que habían detallado la situación de los ferrocarriles y lo que se “necesita para que los trenes circulen con seguridad” pero aclaró que no obtuvieron respuesta por parte del Gobierno nacional.
