El gobierno de Javier Milei frenó el traspaso de las plataformas digitales de CINE.AR, tras los rumores de cierre y ratificó su gestión dentro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La decisión quedó plasmada en el Decreto 821/2025 y anuló el pase hacia la ex Secretaría de Comunicación y Medios, dispuesto a comienzos de año.
El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial explicó que la transferencia prevista “aún no se ha concretado”, a pesar de las acciones iniciadas entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Comunicación, bajo la órbita de Manuel Adorni. El texto oficial recordó que si bien ambas áreas habían avanzado con los procedimientos para cumplir el mandato original, el proceso no llegó a ejecutarse en su totalidad.
El Ejecutivo libertario tomó la decisión final, tras el informe del interventor de Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.), Carlos María Curci González. El funcionario advirtió que la intervención de la empresa “no ha concluido con su objeto” y consideró que avanzar con el traspaso, “no contribuiría a cumplir tales objetivos”, según expresó el decreto.
El documento señaló que el Gobierno impulsó la intervención de varias empresas públicas con el fin de convertirlas en sociedades anónimas según la Ley General de Sociedades. A partir de ese proceso, la administración avanzó con la creación de CAI S.A.U. y extendió su intervención mediante la Decisión Administrativa Nº 5/25 para completar tareas pendientes de reorganización.
En este caso, el decreto recordó que el traspaso de CINE.AR, junto con los derechos, bienes, presupuesto y personal del INCAA, integraba una estrategia gubernamental que apuntaba a concentrar la producción y difusión de contenidos en un único ente. De acuerdo al texto, la reorganización pretendía maximizar sinergias y evitar la duplicación de funciones dentro del sector audiovisual estatal.

El fundamento se apoyaba en la promesa de “ordenar y equilibrar las cuentas públicas” y “transparentar el gasto” para redirigir los recursos hacia áreas consideradas prioritarias. La actual administración libertaria sostuvo que unificar la gestión permitiría “potenciar el crecimiento económico” y fortalecer la presencia de la producción audiovisual nacional en las plataformas digitales.
Por otro lado, el documento también señaló que la transferencia buscaba ordenar las políticas audiovisuales y optimizar la estrategia estatal de distribución de contenidos. Bajo esa lógica, el Ejecutivo vinculó la reorganización con la idea de “maximizar las sinergias” y avanzar hacia un esquema integrado de señales públicas y plataformas digitales, un planteo que la reciente resolución terminó por desactivar.
Vale precisar que la resolución se conoció días después de que el presidente Javier Milei suprimiera la Secretaría de Comunicación y Medios, tras designar a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El movimiento dejó sin estructura a la dependencia que iba a recibir CINE.AR, por lo que sus funciones quedaron bajo potestad de la Jefatura que hoy conduce el vocero presidencial.
La ofensiva contra CINE.AR: el ajuste libertario que abrió otro frente en el INCAA
En septiembre pasado, el presidente Javier Milei anunció el cierre de la plataforma y del canal de televisión CINE.AR, en una señal directa hacia el desmantelamiento del sistema público de producción y exhibición audiovisual. El jefe de Estado libertario ofreció retiro voluntario y pase a disponibilidad para los trabajadores de planta permanente, mientras que avisó que la renovación de contratos para el personal transitorio finalizará a fin de año.

Según fuentes oficiales y reportes del sector, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, defendió esta decisión con una frase que condensó el criterio del ajuste. “No es función del Estado administrar una señal de cable. Si algún privado está interesado en ella, bienvenido”, afirmó el funcionario.
En este contexto, un informe expuso que el INCAA dispone de cerca de $37.000.000.000 en bonos, letras y plazos fijos. Las planillas de ejecución presupuestaria del 2024 y 2025, actualizadas al 31 de agosto, registran un superávit de $35.804.861.589, cifra que coincide de manera aproximada con el monto informado y contrasta con el ajuste sobre el organismo.
Frente a este escenario, representantes de la industria audiovisual, junto con organizaciones políticas, realizaron una manifestación el pasado 30 de septiembre frente al INCAA. En ese marco, los espacios convocados rechazaron la ofensiva oficial contra el área y alertaron por la eventual privatización de CINE.AR, una medida que el Gobierno libertario evalúa dentro de su programa de recorte.





