Mientras se debaten los montos de las tarifas de servicios públicos a la vez que los vecinos sufren las consecuencias de servicios ineficientes, desde el Frente de Todos en el Senado bonaerense impulsan la conformación de una Comisión Bicameral para evaluar la transferencia y funcionamiento de la empresa eléctrica Edesur.
Se trata de una iniciativa del senador de la Segunda sección, Francisco “Paco” Durañona, quien se hizo eco de los furiosos reclamos de vecinos e intendentes de las localidades donde esta empresa traspasada por María Eugenia Vidal y Mauricio Macri brinda servicios, la mayoría en la zona del Conurbano.
“La idea es crear esta Bicameral de investigación y seguimiento de lo que fue el proceso de traspaso de la empresa a la Provincia y saber cuáles fueron las obligaciones asumidas por las concesionarias en el marco del traspaso, imponer sanciones, entre otras”, dijo Durañona a Diputados Bonaerenses.
Lo cierto es que, si bien la exgobernadora Vidal firmó el decreto para el traspaso, había una serie de actas-acuerdos y la conformación de un ente regulador que nunca se implementó porque para ellos las tres jurisdicciones (Nación, Provincia y CABA) debían dar el visto bueno.
De avanzar, la Comisión Investigadora estará integrada por tres diputados, tres senadores, tres intendentes, el Defensor del Pueblo y un representante sindical de los trabajadores de Edesur.
Durañona tiene en carpeta reuniones con los alcaldes de las localidades afectadas y los referentes de la Defensoría del Pueblo para avanzar con el proyecto y poder darle ingreso a las comisiones.
En tanto, para poner en claro es “limbo jurídico” en el que quedó el traspaso, buscan que sea la Bicameral el ámbito que pueda clarificar esas cuestiones que no encuentran respuesta certera y allí se va a recibir y poner sobre la mesa toda la información, se va a investigar y analizar cuál es la situación real.
“El mayor problema es el incumplimiento absoluto del programa de inversiones mínimo e indispensable para que el sistema funcione bien, un abuso permanente en el servicio, en la calidad y la falta de respuestas. Los intendentes de estas regiones y quienes viven en esas zonas lo sufren casi a diario”, enfatizó el senador.
En este contexto, desde la Subsecretaría de Energía dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, elevaron un informe en el que advierten que el Gobierno de Vidal avaló aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional y que “no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas”.
“La política energética de Cambiemos fue horrible, fue absolutamente orientada a beneficiar a los titulares del monopolio eléctrico, que eran muy pocos y todos ellos de la mesa chica del macrismo, algunos ‘amigos del alma’, dicho por el propio expresidente. Puso de rodillas a los argentinos, a las pymes, los comercios con aumentos de hasta un 3000%, que ahora aparezcan diciendo que no tienen tarifas y por eso hay problemas, es inaceptable”, fustigó Durañona.
En el medio, para que el proyecto avance deberá contar con la voluntad de la oposición, que en la Cámara alta tiene absoluta mayoría, algo que hicieron sentir durante todo el año al bloque oficialista que tiene seis escaños menos.
“No hubo conversaciones todavía pero imagino que los intendentes afectados, aun siendo de Cambiemos, van a trabajar prudentemente; después está el otro sector que está sentado en bancas y representando intereses privados, nos pasó con la ley de arraigo y la de promoción de la agroecología”, señaló el legislador que viene monitorenado la situación con ENRE, el intendente de Lomas, Martín Insuarralde, y con el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
En los fundamentos del proyecto legislativo se advierte que "las referidas transferencias se vieron enmarcadas en una dudosa legalidad, no solo por los actos suscriptos sino principalmente, y que son motivo de denuncias penales que se encuentran tramitando, por los acuerdos económicos que llegaron las autoridades nacionales con las empresas prestatarias".
"Es por ello que se pretende con la presente norma dar certeza respecto a la transferencia y llevar a cabo un análisis y evaluación de la prestación de servicios, con el objeto de lograr el cumplimiento en caso de ser necesario del contrato por parte de las empresas", agrega.
El pedido de las ONGs de consumidores
Como informó Diputados Bonaerenses, una veintena de asociaciones de consumidores elevaron una nota a la titular de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara alta bonaerense, Gabriela Demaría, para solicitar la creación de una Bicameral que revise el accionar de las eléctricas bajo el Gobierno de María Eugenia Vidal.
“Veríamos con gran satisfacción la conformación de una Comisión bicameral que investigue íntegramente el proceso denominado ‘Revisión Tarifaria Integral 2017-2022’, con amplias facultades para denunciar las irregularidades que pueda detectar”, sostiene la misiva girada a la senadora.
“Queremos que la Legislatura en base a ese informe (que hizo la nueva gestión) haga una investigación para determinar si se sigue un camino judicial, saber si hubo delitos, porque puede haber acciones contenciones administrativas y penales”, dijo Juan Diego González Morales del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA) a este medio.
En este caso se apunta al grupo DESA -que concentra a las distribuidoras Edelap, Edea, Eden, Edes y Edesa– en medio de las negociaciones que comenzaron en agosto pasado con la firma del acuerdo que extendió el congelamiento de tarifas hasta fin de año para mitigar el impacto de la pandemia.
En concreto, las ONG’S piden que los legisladores sometan a discusión el lapidario informe que publicó la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos sobre la Revisión Tarifaria Integral 2017-2022 que la gestión Vidal firmó con las distribuidoras eléctricas provinciales.
El documento de la Subsecretaría de Energía advierte que el Gobierno de Vidal avaló aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, que oscilaron en las facturas de los usuarios entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años y que “no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas”.
Además el informe que las ONG’S pide que investigue la Legislatura, precisa que los indicadores SAIDI y SAIFI, que miden la frecuencia de ocurrencia de las interrupciones en las instalaciones eléctricas, y el tiempo de duración, no indican una mejora en la calidad de servicio entre 2015 y 2019, excepto en EDES.
Eso no es todo. El trabajo de la Gobernación sostiene que el fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las Distribuidoras Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires.
La Subsecretaría de Energía advirtió sobre el extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, que llevó a las cuatro distribuidoras de energía eléctrica aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%. “La distribución de dividendos que realizaron EDEN, EDEA, EDES y EDELAP a sus accionistas, fue creciendo de manera significativa año a año”, remarca.
La carta está firmada además del CESPMA por Consumidores Responsables; Defensa de Usuarios y Consumidores (DE.U.CO); la Red Nacional de Multisectoriales; la Asociación Civil para la Promoción y Difusión de los derechos e Inclusión Energética; y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
También adhieren la Unión de usuarios y consumidores filial La Plata; Defensas consumidores de Saavedra (DECOSA); Consumidores y usuarios del interior (COYUSIN); Asociación civil Buena Gente (KUMEN CHE); Defensa de Consumidores; y usuarios y Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC).
La lista de firmantes la completan la Federación Mutual para la defensa Organizada del Consumo (FE MUDECO); Centro de orientación al consumidor (CEODECO); Protección medio ambiente y consumidores (PROMACOM); Consumidores Argentinos; y la Federación de Instituciones de La Plata.
