Este viernes cooperativistas realizaron una protesta en la puerta de la Municipalidad de La Plata en rechazo a la licitación pública que impulsa la gestión de Julio Alak para contratar servicios de limpieza urbana. La manifestación incluyó un corte sobre calle 12, entre 51 y 53, quema de neumáticos frente al Palacio Municipal e incluso actos de vandalismos sobre el edificio comunal.
El levantamiento gremial estalló el mismo día en que vencía el plazo para la compra de pliegos de la licitación para los servicios de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido en todo el partido de La Plata. En ese marco, la decisión del Ejecutivo local apunta a dejar atrás el esquema de contratación directa de cooperativas de trabajo, una modalidad que el municipio aplicaba desde el año 2011.
La protesta reunió al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Justicia y Libertad, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Agrupación María Claudia Falcone y el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional.
Durante la concentración, los cooperativistas reclamaron garantías sobre la continuidad laboral de los trabajadores que cumplen tareas de mantenimiento, zanjeo, limpieza y reciclado en el distrito capital bonaerense. Además, las organizaciones en conflicto advirtieron que el nuevo esquema abre un escenario de incertidumbre para cientos de personas que dependen de esos convenios para sostener sus ingresos.
“Hace 10 años trabajamos en La Plata, venimos de gestiones anteriores. Teníamos acuerdos con el Municipio para garantizar el servicio de recolección diferenciada y el procesamiento del material reciclado que juntan tanto nuestros compañeros en la calle como los que llegan en las bolsas verdes“, advirtió una de las representantes cooperativistas en diálogo con un medio local.
No obstante, el momento de mayor tensión ocurrió cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la sede municipal, en medio del humo provocado por la quema de cubiertas y del corte total de la circulación sobre calle 12. El reclamo derivó en forcejeos y daños sobre el frente del Palacio Municipal, en una jornada que alteró el tránsito en pleno centro platense.
Por su parte, la Municipalidad de La Plata defendió el avance de la licitación, cuyo plazo para la compra de pliegos vencía este viernes a las 13:30, y encuadró la decisión en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades y de las disposiciones del Tribunal de Cuentas bonaerense. Según la explicación oficial, el organismo de control provincial intimó a la Comuna a cesar las contrataciones directas de cooperativas para obras y servicios públicos.
“Por ello, el Municipio dejará de realizar ese tipo de procedimientos, que venía efectuando desde 2011, tanto para la contratación de empresas como de cooperativas de trabajo, lo que redundará en mayores garantías de transparencia en la gestión de los recursos públicos“, justificó el Ejecutivo local.
Finalmente, la gestión de Alak también argumentó que el nuevo mecanismo permitirá reducir el gasto que insume la contratación directa de cooperativas, estimado en unos $6 mil millones anuales. Sin embargo, los cooperativistas rechazaron el cierre del esquema vigente y llevaron el conflicto a la puerta del municipio con una protesta que escaló hasta recrudecer la tensión política del oficialismo platense.
Cooperativistas de La Plata advierten por el impacto de las nuevas licitaciones
En medio de la protesta, los cooperativistas que se apostaron esta mañana frente al Municipio profundizaron su reclamo ante la falta de garantías sobre la continuidad laboral de los trabajadores que prestan servicios para el Estado local. Según plantearon los manifestantes, desde hace semanas mantienen reuniones con funcionarios municipales para conocer el alcance del nuevo esquema de contratación.
Uno de los puntos que más inquietud generó entre las organizaciones pasa por el reciclado de residuos, ya que el proceso licitatorio anunciado por la Municipalidad incluye limpieza de zanjas, corte de césped y barrido, pero no contempla de manera explícita esa actividad. Además, los impulsores del reclamo señalaron que la gestión alakista evaluó reemplazar parte del trabajo con tarjetas sociales de $200 mil, una versión que las autoridades no confirmaron ni desmintieron.
“Preferimos trabajar y no tener esa tarjeta, que sería de $200 mil y no va a cubrir el gasto de las familias”, planteó uno de los cooperativistas presentes, de acuerdo a trascendidos periodísticos.
