El fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras ilegales en el sistema de fotomultas y en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La citación judicial fijó el 15 de diciembre a las 10 de la mañana como la fecha en la que el exfuncionario provincial deberá enfrentar los cargos en su contra.
La Justicia imputó a D’Onofrio por cohecho y negociaciones incompatibles con su rol de funcionario público, tras una serie de medidas que incluyeron su procesamiento y un embargo dispuesto por el Juzgado Federal de Campana. En ese marco, los investigadores sostienen que el exministro de Axel Kicillof formó parte de un esquema ilícito que funcionó durante su paso por la administración bonaerense.
El expediente señala que funcionarios bajo la órbita de Transporte, actuaron junto a terceros que operaban como “gestores”, y ofrecían a infractores descuentos del 50% o directamente la eliminación de multas a cambio de pagos informales. La acusación remarca que este circuito paralelo provocó pérdidas estimadas entre 4 y 10 millones de dólares mensuales para Secutrans, la firma encargada del sistema de fotomultas.
El fiscal Garganta también citó a varios empresarios vinculados a las contrataciones de la VTV, entre ellos Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. En este tramo del expediente, la Fiscalía sostiene que estos actores ocuparon un rol central dentro del entramado de negocios que quedó bajo investigación.
Vale precisar que la causa también apunta a siete empresas que habrían recibido presiones para contratar a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., una firma que administraba los turnos de la VTV y cobraba una comisión del 8,5% más el IVA por cada operación como una vía paralela de recaudación.
En la misma línea, los fiscales también revisan presuntas irregularidades en los convenios con CECAITRA, la asociación civil que administraba los ingresos de las infracciones captadas por al menos 155 cinemómetros instalados en La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen. Por caso, la Justicia considera que esos controles de velocidad generaron ingresos millonarios para la cartera que condujo D’Onofrio y que hoy permanecen bajo sospecha.
La denuncia que originó el caso ingresó el pasado 5 de septiembre de 2024 y apuntó tanto a D’Onofrio, como también a la concejal de Pilar, Claudia Pombo como líderes de una “estructura criminal con división de roles” orientada a desviar fondos provenientes del sistema de multas.
Frente a este escenario, el exministro D’Onofrio renunció a su cargo poco después de que el caso se hiciera público y dejó el control del Ministerio en manos de Martín Marinucci, también perteneciente a las filas de Sergio Massa. En tanto, el avance judicial vuelve a colocar al extitular de Transporte en el centro de la escena, mientras los fiscales preparan una indagatoria clave que definirá el rumbo de la investigación.
La denuncia contra D’Onofrio por las fotomultas que motorizó su renuncia
En septiembre del año pasado, el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, motorizó un pedido de documentación al Juzgado de Faltas de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de investigar un presunto entramado de corrupción integrado por funcionarios, abogados y gestores, vinculados al Ministerio de Transporte bonaerense.
El supuesto modus operandi consistía en captar a automovilistas con multas y ofrecerles una reducción del 50% en la infracción. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, agregó el fiscal.
Las investigaciones, que parten desde 2022 a la fecha, tienen como principal sustento una serie de multas registradas que no coinciden con la información oficial electromagnética en el sistema provincial de infracciones de tránsito. Esta irregularidad despertó las sospechas de posible manipulación en los registros con el objetivo de reducir las sanciones, beneficio que debe quedar bajo el criterio de los jueces de faltas implicados.
Sin embargo, la Justicia sospecha que los juzgados provinciales también ingresan en los sistemas de los juzgados de faltas municipales para aplicar las mismas metodologías. Es decir, que las multas de jurisdicción local tampoco se cobran en los municipios porque se “resuelven” en otras instancias.
Según trascendió, varios intendentes bonaerenses detectaron una baja significativa en la recaudación por infracciones de tránsito. En tanto, los jefes comunales descartaron de plano una concientización masiva y repentina de los automovilistas, por lo que iniciaron investigaciones propias para determinar la merma de esos ingresos.
