Desde la organización Inquilinos Agrupados de La Plata salieron este miércoles a respaldar el proyecto de ley presentado por el peronismo en el Senado bonaerense para que los propietarios se hagan cargo del pago de las comisiones inmobiliarias, pero advirtieron que existen otras preocupaciones más urgentes que aquejan el día a día de los locatarios.
La semana pasada, la senadora de Fuerza Patria, Mónica Macha, revivió un viejo deseo peronista al volver a presentar la ley de inquilinos bonaerenses, que busca reformar la Ley 10.973 que regula la actividad de martilleros y corredores públicos en la provincia de Buenos Aires para que los propietarios afronten todas las comisiones inmobiliarias en los alquileres destinados a vivienda.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, la integrante de Inquilinos Agrupados de La Plata, Karina Chiapa, sostuvo que la iniciativa significa un “alivio” para las personas que alquilan, pero al mismo tiempo consideró que no viene a atacar el principal problema de este segmento social, como las dificultades para el pago mensual de la vivienda, la actualización cada tres meses por inflación o la dolarización de los contratos.
“La ley sería un alivio porque significaría que esos gastos los tiene que pagar el real cliente de la inmobiliaria, que es el propietario, no nosotros. Nosotros estamos obligados a ir a una inmobiliaria a buscar una casa para vivir, realmente no contratamos el servicio de un martillero, entonces en ese sentido sería justo. Pero creemos que es un parche que no viene a solucionar un problema real que tiene la sociedad, es un vaso de agua para venir a apagar un incendio forestal”, resaltó Chiappa.
Asimismo, la vecina de La Plata sostuvo que la principal preocupación de los inquilinos sigue siendo el acceso a la vivienda propia y señaló a la falta de controles estatales como uno de los factores que dificultan alcanzar ese objetivo. “No hay un Estado que controle a las inmobiliarias, los gastos que pagamos y lo que se nos cobra indebidamente. Hoy tenemos una masa de inquilinos mayoritariamente endeudados, con un gran porcentaje de personas desocupadas, que se ven obligadas a autodesalojarse o a rescindir los contratos antes de tiempo porque no pueden afrontarlos”, relató.
En rigor, una de la falta de controles estatales recae en que la propia Ley 10.973 no obliga al inquilino a hacerse cargo de las comisiones inmobiliarias, sino que deja abierta la posibilidad de que esos costos puedan ser afrontados por cualquiera de las partes, ya sea el propietario o el interesado en alquilar, e inclusive sea pagado en forma conjunta.
“Pero eso no pasa nunca, estos costos se trasladan al inquilino por costumbre. No hay un control a las inmobiliarias para saber por qué siempre la comisión la tienen que pagar los inquilinos si la ley prevé que la puede pagar el propietario o lo pueden pagar mitad y mitad. Nosotros vamos a la inmobiliaria y nos tenemos que someter a las condiciones que se nos ponen”, criticó Chiapa.
En este sentido, Chiapa reiteró que si bien el proyecto de ley del oficialismo significará un alivio financiero, no cambiará radicalmente la situación de desventaja que atraviesa el inquilino a la hora de firmar un contrato. “Nos sometemos a cláusulas que son abusivas, pero porque estamos obligados a firmar un contrato cuyas condiciones son puestas por las inmobiliarias. Solo firmamos y adherimos, muchas veces sabiendo que lo que estamos firmando es perjudicial, pero no tenemos otra opción”, lamentó.
“Siempre se busca la manera de beneficiar al sector más fuerte, que son los propietarios o los grandes desarrolladores, quienes imponen las condiciones y el precio. El Estado debería estar allí para torcer la balanza. Nosotros somos el eslabón débil de esa negociación entre un propietario o una inmobiliaria, no tenemos poder de decisión, no podemos modificar las cláusulas de los contratos. Muchas veces lo proponemos, pero no tenemos ese poder de decisión ni de participación”, indicó Chiapa.
Inquilinos de La Plata pidieron soluciones por la falta de acceso a viviendas
En la actualidad, en la ciudad de La Plata el 54% del casco urbano se compone de familias que alquilan monoambientes que cuentan con precios que oscilan entre los $500 mil y $700 mil, montos que suelen ocupar un gran porcentaje del sueldo del hogar. En ese sentido, Inquilinos Agrupados pidió medidas para solucionar la problemática “de una manera integral y real”.
“Somos muchos y realmente lo que necesitamos son medidas que ataquen este problema para después solucionarlo. Algunas de ellas serían declarar la emergencia habitacional, porque esto también permitiría que se controlen los precios, que se ponga un tope o que los alquileres tengan que estar atados a nuestro salario, que sería lo más lógico”, nombró Chiapa.
Además, la inquilina de la capital bonaerense manifestó que los alquileres no deberían “llevarse más del 20% o 30% del salario real” y pidió que se generen créditos blandos para las personas con dificultades para acceder a un departamento. Asimismo, Chiapa puso el ojo en las viviendas ociosas, es decir, los inmuebles que se encuentran deshabitado de forma permanente y sin una causa justificada durante un tiempo prolongado.
“Otra gran solución es la construcción de viviendas, como siempre se hizo en nuestro país. Y además ver el tema de la vivienda ociosa. Se debe hacer un registro de vivienda ociosa en nuestra ciudad para ver unos números que realmente van a sorprender a todos, porque creemos que hay más viviendas ociosas que familias inquilinas que necesitamos un hogar”, afirmó.
