En las últimas horas, la organización kirchnerista Soberanxs organizó un conversatorio que contó con la presencia de importantes abogados, como Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi, que en medio del panel aseguraron que la Argentina tiene dadas las condiciones para iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei.
Según el panel de abogados invitados por las coordinadoras Alicia Castro y Cynthia García, Milei “está cometiendo delitos” desde su rol de administrador del Estado nacional. Entre otras cosas, los juristas pusieron sobre la mesa el negacionismo respecto de los crímenes de lesa humanidad, las omisiones para defender la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, y la intención de “detentar la suma del poder público”.
En ese sentido, los abogados mencionaron que Milei podría ser sentenciado en un juicio político por sus “declaraciones y publicaciones violentas, incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas, el riesgo cierto de dolarización mediante la eliminación por decreto de la moneda propia y del Banco Central”.
Al inicio del encuentro, Alicia Castro recordó que el negacionismo impulsado por parte del actual titular del Poder Ejecutivo, en el que “a través de una narrativa de violencia niega el terrorismo de Estado, busca redimir a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y deslegitimar los procesos llevados a cabo en contra de los genocidas para organizar un terreno propicio para que esas atrocidades se vuelvan a cometer”.
En la misma línea, la ex embajadora de Argentina en Venezuela aseguró que “el negacionismo se vincula directamente con la intención de reeditar la política económica impulsada durante el último proceso militar de planificación de la miseria”.
A su vez, Castro recordó la cláusula de la Constitución del 94 que consagra como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y preguntó si los actos de acción y omisión del Gobierno nacional que están en contra de este principio irrenunciable también pueden ser considerados una causal de juicio político. “Malvinas es un punto geopolítico estratégico de gran importancia”, aseguró.
En medio de la conversación del panel convocado por Soberanxs, la ex embajadora marcó su preocupación por la política exterior que impulsa Milei y destacó que la Argentina por las decisiones del actual Presidente dejó de habitar una región de paz para estar metidos en la guerra que Israel impulsa en Gaza, y afirmó que esta situación “pone en riesgo a las ciudadanas y a los ciudadanos y nos hace blanco del terrorismo internacional”.
Juicio político a Milei: los ejes constitucionales
En relación a la cuestión vinculada con la suma del poder público, Barcesat, recordó el artículo 29 de la Constitución nacional que establece que el “Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.
Según explicó Barcesat, entregarle la suma del poder público a un presidente “lleva consigo una nulidad insanable y sujetará a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. “Esto vale no sólo para aquellos que conceden esa facultad sino también en los casos en los que alguien pretenda arrogarse este poder, como el actual presidente Milei”, afirmó.
En ese contexto, Barcesat aseguró que la presentación de juicio político contra Milei que van a realizar no será “únicamente jurídica sino multifacética, e incluirá cuestiones económicas”, aunque destacó como uno de los puntos centrales a considerar es el “quiebre del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución nacional por parte del presidente”. “Para el juicio político hay condiciones sobradas tanto del mal desempeño como posible comisión de delito en ejercicio de funciones”, sostuvo el abogado constitucionalista.
Por su parte, Rosanzki centró su exposición en dos puntos que consideró dentro de los “cientos de causales que se pueden citar para pedir el juicio político contra Milei”. En principio, el abogado destacó una causal genérica vinculada con “el mal desempeño” e hizo hincapié en la causal de discriminación vinculada con algunas de las publicaciones que difundió el actual Presidente en sus redes sociales con más de dos millones de seguidores, entre ellas una en la que define al Estado como “un pedófilo con nenes encadenados envaselinados en un jardín de infantes”, y otras dos publicaciones en contra del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, una de ellas vinculándolo con una persona con síndrome de down.
A su turno, José Manuel Ubeira recordó que en la democracia argentina son los representantes los que llevan adelante la voluntad del pueblo, y señaló que “para el juicio político contra Milei se necesita una mayoría calificada en el Senado, pero esto tiene sentido si nuestros representantes se hacen cargo la gravedad y el peligro en el que está inmerso el país en manos del actual gobierno”.
Si bien, el abogado reconoció que el gobierno de Milei tiene legitimidad de origen, enfatizó en las expresiones que utiliza el Presidente, entre ellas las de “zurdo de mierda”, a las que calificó como “extremadamente graves”. “Estamos en profundo peligro porque el Gobierno nacional pretende la balcanización de la Argentina y el descuartizamiento del país para poder entregarlo”, afirmó Ubeira, al tiempo que agregó que “el Congreso, que según el Presidente es un nido de ratas y es el repertorio de todos los coimeros de la Argentina, es el que tiene que ejercer en representación nuestra la garantía de que no nos van a rematar el país y que los que pensamos distinto podamos seguir estando”.
Es preciso mencionar que, del encuentro convocado por Soberanxs también participaron el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), Hugo Cachorro Godoy, la diputada nacional Hilda Aguirre, los diputados Ricardo Herrera y Juan Marino, la senadora Florencia López, entre otros.
