A menos de 35 días para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el debate por la reforma laboral asoma como principal eje de la plataforma electoral de Juntos por el Cambio, que ya buscó impulsarla durante la gestión de Mauricio Macri en 2017.
No obstante, desde la coalición gobernante, Unión por la Patria, reconocen la necesidad de una reforma laboral por el mercado informal creciente en el sector del trabajo. En concreto, desde el oficialismo aseguran que deben tratarse modificaciones vinculadas al blanqueo laboral.
Pese a la disputa interna creciente entre los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ambos dirigentes coinciden en la necesidad de aplicar como una de las primeras medidas de un eventual gobierno, una profunda reforma laboral. Tal es así, que sus equipos actúan codo a codo con la Fundación Pensar, como usina de ideas.
En esa línea, la principal coalición opositora cuenta como hoja de ruta el proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Cambiemos no logró aprobar en 2017, y que cuenta con tres puntos principales: indemnizaciones, blanqueo laboral y multas, y período de prueba.
En lo vinculado a las indemnizaciones, la iniciativa pretende modificar el cálculo del resarcimiento o avanzar hacia un fondo de cese laboral voluntario, mientras que en el caso del blanqueo laboral, Juntos por el Cambio propone establecer un período de un año para la regularización con los seis primeros meses a costo cero para el empleador, lo cual promueve además la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores.
En el caso del período de prueba, la iniciativa busca extender el período de prueba a seis meses y crear un régimen simplificado para los siguientes 12 meses con el desafío de facilitar el ingreso al mercado laboral estable.
Con relación al impacto de esta propuesta en los gremios, un ítem de la reforma laboral que podría tensionar la disputa es la elevación del porcentaje de empleados para que haya delegados gremiales en las empresas, puesto que los sindicatos observan como objetivo velado limitar la representación en los lugares de trabajo.
Si bien los niveles de empleo registraron un repunte el último año, la informalidad laboral y la licuación salarial son preocupaciones que los gremios están advirtiendo, por lo que admiten que la discusión de la reforma laboral estará presente, por lo que buscarán explorar modificaciones en sus convenios colectivos que no impliquen pérdida de derechos, pero sí una modernización en las tareas que les garantice estabilidad.
Para fundamentos económicos concretos, la CTA de los Trabajadores, a través de Cifra su foro económico, plantea por un lado que hoy el 40% de los empleados bajo Convenios Colectivos de Trabajo está bajo la línea de pobreza.
En ese sentido, un grupo de gremios vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT) ya dio el visto bueno para que se active un blanqueo laboral e impulsa una serie de beneficios fiscales y mecanismos de contratación diferentes para las pymes, que son las que emplean al 75% de los asalariados registrados.
Por caso, Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA y uno de los promotores de la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, es uno de los que trabaja en el blanqueo laboral, cuyo borrador sería revisado la semana próxima por la mesa chica de la CGT.
Como antecedente, el cotitular de la CGT y actual líder de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA), Héctor Daer, afirmó en mayo que era necesario “acabar con la jornada laboral semanal de 48 horas”.
“Es una antigüedad porque la productividad de hombres y mujeres se multiplicó exponencialmente, cuando hablamos de productividad tenemos que arrancar por ahí porque si un hombre y una mujer producen mucho más que cuando se pusieron las ocho horas de trabajo y las 48 semanales, habrá que discutir y cambiar esto”, sostuvo Daer.
