Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que dirige Axel Kicillof, oficializó este viernes su adhesión a la ley nacional n° 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células más conocida como la ley Justina.
De esta manera, Kicillof oficializó que el distrito bonaerense regulará las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos de origen humano tal como lo establece la denominada ley Justina, sancionada en el Congreso de la Nación el 4 de julio de 2018.
En ese sentido, la ley de trasplante de órganos es un marco regulatorio que sirve para reafirmar los derechos de los pacientes en lista de espera y de los trasplantados, que determina, entre otras cosas, que el sistema público de salud cubra los gastos para aquellos que no posean cobertura médica.
A partir de la normativa 15.419 que establece la adhesión a la ley de trasplante de órganos, Kicillof determinó que todos los bonaerenses mayores de 18 años son considerados donantes de órganos, a menos que hayan manifestado su voluntad de no serlo.
Es preciso mencionar que, la adhesión a la ley de trasplante de órganos se da en medio de las escandalosas declaraciones del diputado nacional liberal y aspirante a la Presidencia, Javier Milei, que afirmó que debería regir un “mercado de órganos” en el país.
Al respecto, el director del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti, declaró que “habilitar el mercado de órganos es una fantasía absolutamente inviable” y que lo de Milei “es un pensamiento marginal, que ya fue debatido y combatido por los consensos internacionales”.
La respuesta del director de Incucai llegó tras los dichos de Milei en una entrevista televisiva, en la que afirmó que para solucionar el problema de “7.500 personas a la espera de un trasplante” hay que “buscar mecanismos de mercado”.
Por el contrario, el marco regulatorio al que acaba de adherir Kicillof, la denominada popularmente como ley Justina, es el pilar fundamental para garantizar la transparencia de los procesos de donación y trasplante de órganos.
Cabe recordar el caso de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que padecía una cardiopatía diagnosticada a sus 18 meses de vida, que a pesar de que estuvo primera en la lista de urgencias del Incucai, nunca llegó un corazón para trasplantarle y falleció en noviembre de 2017.
