Luego de las tensiones desatadas en el Campo bonaerense por los aumentos del Impuesto Inmobiliario Rural, el Gobierno de Axel Kicillof tomó nota del conflicto y convocó a la dirigencia rural a una reunión para “calmar las aguas”. Allí, las autoridades provinciales confirmaron la vuelta de las “bonificaciones” por buen cumplimiento en el pago de las cuotas impositivas.
En ese sentido, el encargado de conducir esta reunión “clave” por parte del Estado provincial fue el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, que estuvo acompañado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
En representación del Campo bonaerense, participaron Mario Raiteri, por Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Claudio Angeleri y Aníbal Chiramberro, de la Federación Agraria Argentina; y Pablo Ginestet, por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
Desde CARBAP, le reclamaron al Gobierno provincial que la reunión llega luego de “60 días de espera” desde la solicitud de la audiencia y remarcaron que existía un compromiso para rever conjuntamente la actualización de la cuota 4, antes de la emisión de la factura que escandalizó a los propietarios rurales.
“Se rechaza el exorbitante aumento de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, el cual llega hasta aumentos de un 100 % respecto a la cuota 3, significando un aumento efectivo anual de más del 300 %”, manifestó la CARBAP, en el marco del fuerte aumento impositivo que aplicó la Provincia sobre el sector agrario.
Con el fin de alivianar el descontento del sector rural, la administración de Kicillof llevó a la mesa de diálogo, una promesa de cara al 2025 y anunció el retorno de una serie de bonificaciones que impactaran al pago del impuesto inmobiliario que desató un fuerte malestar en los productores agropecuarios.
Frente a la demanda del sector, Rodríguez ratificó que en 2025, ARBA volverá a aplicar las bonificaciones en el Impuesto Inmobiliario Rural por “buen cumplidor” y por partida cuitificada. Además, ambas partes acordaron mantener una mesa de trabajo para analizar propuestas en torno al proyecto de Ley del Presupuesto 2025.
“Desde la provincia seguimos promoviendo estas instancias de diálogo que creemos son fundamentales para conocer las necesidades del sector y continuar trabajando de forma articulada, tal como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión”, comentó el Ministro bonaerense.
La cronología del conflicto entre el Campo bonaerense y Kicillof
El Campo bonaerense volvió a expresar públicamente su descontento con el gobernador Axel Kicillof debido al significativo aumento en la última boleta del Impuesto Inmobiliario Rural, que según denuncian los productores agropecuarios, en algunos casos superó el 100% respecto a la cuota anterior.
Desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), defendieron el aumento, argumentando que el incremento adicional no superaría el 25%. En su defensa, ARBA explicó que la ley fiscal de la provincia permite al Ejecutivo aplicar este tipo de ajustes, asegurando que el incremento solo afectaría a un porcentaje reducido de productores. En su interpretación, el impuesto adicional está dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, liderado por Javier Rodríguez, también aclaró que este impuesto adicional solo impactaría a aquellos productores cuyo valor imponible supere los $39.096.756. Según las autoridades provinciales, este grupo representa apenas el 9% de las partidas fiscales, dejando fuera al 91% restante, que no afrontaría esta suba impositiva.
Las entidades dirigenciales del Campo bonaerense, como CARBAP, CONINAGRO y Federación Agraria, mantuvieron reuniones con legisladores bonaerenses para expresar su preocupación por el tratamiento del Presupuesto 2025 y evitar los errores cometidos, cuando las subas del Impuesto Inmobiliario Rural generaron gran malestar en el sector.
Según Georges Breitschmitt, consejero de CONINAGRO, la intención es que, al plantearse el presupuesto y la Ley Impositiva, se abra un espacio para discutir las propuestas del sector agropecuario, evitando sorpresas de última hora como ocurrió el año anterior.
Breitschmitt destacó que las entidades del campo exigen “previsibilidad” en el proceso legislativo. En diálogo con Diputados Bonaerenses, el dirigente agrario señaló que el sector quiere participar activamente en las discusiones del presupuesto, antes de que se tome una decisión definitiva en el recinto. De esta manera, buscan asegurar que sus demandas sean consideradas y evitar que se impongan medidas fiscales sin el debido debate previo.
