El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, se encuentra en el centro de la polémica por su reciente vinculación a supuestos casos de corrupción. En consecuencia, el bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura bonaerense solicitaron formalmente al gobernador Axel Kicillof la renuncia del funcionario.
“D’Onofrio, cuya vinculación con un millonario esquema de corrupción está bajo investigación judicial, no debe permanecer en su cargo, atento al avance de la investigación y la evidencia acumulada”, remarcaron los diputados Luciano Bugallo, Maricel Etchecoin y Romina Braga.
Las acusaciones contra D’Onofrio incluyen dos investigaciones judiciales que señalan maniobras ilícitas relacionadas con el sistema de multas de tránsito y las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sin embargo, en las últimas semanas, se sumaron nuevas denuncias que agravan su situación, vinculando al ministro bonaerense con una presunta “estructura criminal” dedicada al fraude contra la administración pública.
Las investigaciones contra D’Onofrio avanzan en dos frentes paralelos. En La Plata, el fiscal Álvaro Garganta lleva adelante una causa que se inició tras la denuncia de una empresa vinculada al sistema de fotomultas. Mientras que, el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charbay, concentra otra causa que apunta a irregularidades en las concesiones de la VTV.
En este marco, el bloque liderado por Maricel Etchecoin en la Legislatura bonaerense fueron los primeros en solicitar formalmente la renuncia de D’Onofrio a través de una presentación al gobernador Kicillof. En el documento, calificaron al titular de la cartera de Transporte como integrante de un “millonario esquema de corrupción” y exigieron que deje su cargo de manera inmediata para quedar a disposición de la justicia.
“El ministro está siendo investigado por corrupción y lavado de dinero. No debe permanecer en su cargo ante el avance de la investigación y la evidencia acumulada”, señaló al respecto, el diputado Luciano Bugallo. En su mensaje, el legislador agregó: “Mantener al Ministro en su puesto representaría una gravedad institucional y complicidad del gobernador”.
Asimismo, la bancada referenciada en la dirigente Elisa Carrió también remarcó la necesidad de preservar la transparencia institucional de los funcionarios provinciales. “Es imperativo que Jorge D’Onofrio deje su cargo. No podemos permitir que siga utilizando sus funciones para amasar una fortuna injustificable”, añadieron.
“Vehículos de alta gama y un estilo de vida incompatible con el salario de un ministro resultan ofensivos para las instituciones y mientras avanza la investigación y nuevas evidencias salen a la luz, la permanencia del Sr. D’Onofrio en su cargo es lisa y llanamente inaceptable“, concluyeron los firmantes de la carta.
D’Onofrio en la mira de la justicia
El futuro de Jorge D’Onofrio como ministro de Transporte es cada vez más incierto. Su permanencia en el cargo no solo afecta la imagen del gobierno de Kicillof, sino que también amenaza con convertirse en un eje central de la agenda legislativa. Mientras los intendentes y dirigentes locales miran con preocupación el impacto político del caso, la oposición endurece su postura, cuestionando la falta de acción del Gobernador.
Una de las causas más resonantes provino de la Justicia Federal de Campana, donde se investiga un supuesto esquema de corrupción liderado por el propio D’Onofrio, su pareja, Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, y un asistente de ambos, Mario Quattrocci. Según reza el expediente, esta red se dedicaría a eliminar multas de tránsito mediante el pago de sobornos operando en distintos puntos del territorio bonaerense.
Según la denuncia, un grupo de gestores y funcionarios captaban a infractores de tránsito de manera informal, incluso a través de redes sociales, y ofrecían borrar las multas del sistema a cambio de pagos en negro. Estos fondos recaudados se repartían entre los involucrados a través de una maniobra de asociación ilícita, la cual devino en un perjuicio millonario al Estado provincial.
Por otro lado, también se desarrolla una investigación judicial paralela en La Plata que pone el foco en presuntas irregularidades con las concesiones de la VTV. En este caso, se acusa al ministro de Kicillof y a su círculo cercano de lavado de dinero a través de contrataciones irregulares. Los denunciantes mencionan retornos que podrían superar los 50 millones de dólares, además de un estilo de vida y adquisición de vehículos de alta gama, incompatibles con los ingresos de un funcionario público.
Ambos procesos han destapado una red de corrupción de gran escala que abarca a varios municipios y ya genera tensiones políticas dentro del Gabinete bonaerense. Desde el entorno de Axel Kicillof aún no se han emitido declaraciones oficiales, pero el silencio aumenta la presión sobre el Gobernador que deberá tomar acciones concretas en lo inmediato.
