La decisión del gobernador, Axel Kicillof, de vetar parcialmente el presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto institucional y político entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La medida impacta sobre un aspecto clave del funcionamiento del parlamento, ya que modificaría el mecanismo de transferencia de fondos para su financiamiento.
El veto quedó formalizado a través del Decreto 2947/2025, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley 15.560 pero observó algunos artículos del presupuesto votado por Diputados. Esos puntos introducían cambios en la modalidad de giro de fondos, al establecer un esquema de transferencias automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales.
Hasta ahora, los recursos se transferían de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro provincial y mediante partidas dispuestas por el Ministerio de Economía bonaerense. La nueva redacción sancionada por la Cámara baja incorporaba, además, la posibilidad de intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos en la transferencia de los fondos.
En este contexto, a decisión del Gobernador desató un fuerte debate constitucional, ya que el artículo 94 de la Constitución bonaerense establece que el presupuesto del Poder Legislativo “no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo”. Desde la Legislatura sostienen que ese precepto busca garantizar la autonomía financiera y funcional del Parlamento.
Sin embargo, en los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que las modificaciones aprobadas por Diputados no se limitaban a una cuestión presupuestaria, sino que avanzaban sobre el sistema de Tesorería de la Provincia. Según esa interpretación, la automatización diaria de fondos podría desarticular el sistema de cuenta única y generar un trato diferencial para la Cámara de Diputados frente a, incluso, el Senado.
Fuentes del Gobierno provincial señalaron que el veto parcial fue analizado con distintos organismos del Estado y cuestionaron que el esquema aprobado por Diputados priorizara gastos no salariales. En ese sentido, sostuvieron que el mecanismo implicaba un privilegio en el uso de recursos públicos en un contexto de crisis económica y caída de ingresos.
Más allá de la discusión jurídica, en la Legislatura también se leyeron claves políticas. En los pasillos circuló la versión de que la decisión del Ejecutivo se inscribe en la interna del oficialismo bonaerense, en un escenario atravesado por tensiones entre los distintos sectores que controlan la Cámara baja y se alternan en su presidencia.
El trasfondo del conflicto es un presupuesto estimado en $222.800 millones para la Cámara de Diputados, que surge del esquema legal que asigna al Poder Legislativo el 0,9% de su estructura económica provincial, a repartirse entre ambas cámaras. Según ese criterio, el Senado contaría con $156.204 millones debido a su menor cantidad de integrantes.
Frente al veto, Diputados tiene tres caminos posibles: aceptar las observaciones del Ejecutivo y volver al sistema anterior de transferencias, insistir con la redacción original del presupuesto con una mayoría de dos tercios, o judicializar la medida, lo que abriría un conflicto de largo recorrido con intervención de la Suprema Corte bonaerense.
Reordenamiento de la Cámara de Diputados
Los artículos 14, 15, 16 y 17 vetados introducían modificaciones a la Ley 10.426 de Procedimientos Contables de la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, establecían la obligación de realizar transferencias automáticas diarias desde el Banco Provincia, en proporción a los ingresos de libre disponibilidad de la Provincia, y la adecuación automática de los montos ante cambios presupuestarios.
Uno de los puntos más sensibles era la incorporación de un mecanismo de control con eventual intervención del Tribunal de Cuentas ante el incumplimiento en tiempo y forma de las transferencias, lo que fue considerado por el Ejecutivo como un avance sobre competencias propias del sistema financiero provincial.
En paralelo, en la jornada de este miércoles la Cámara de Diputados llevó adelante una sesión en la que destrabó designaciones pendientes. En esa línea, el bloque de Unión y Libertad logró ubicar a Blanca Alessi en una de las vicepresidencias vacantes, mientras que el radical Matías Civale asumió en la otra.
De este modo, quedó completo el esquema de autoridades de la Cámara, presidida por Alejandro Dichiara, con vicepresidencias ya ocupadas por representantes del Frente Renovador con Alexis Guerrera, el Movimiento Derecho al Futuro con Mariano Cascallares, el PRO con Agustin Forchieri y La Libertad Avanza con Juan Osaba, en un escenario atravesado por tensiones políticas que prometen nuevos capítulos.
