viernes, marzo 29, 2024

Adulteración de datos: la fiscalía pide el resultado del Censo 2022 en La Matanza

La Justicia investiga la presunta adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010 y la incidencia de ese dato en la distribución de la coparticipación provincial.

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En el marco de la causa que investiga la posible adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010, la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8 le solicitó al director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Marco Lavagna, un informe sobre los “resultados definitivos o provisorios” vinculados al censo de este año realizado en dicho partido bonaerense.

El pedido al INDEC, firmado por el fiscal federal Eduardo Taiano, buscará constatar los datos poblacionales, a raíz de la denuncia por la presunta adulteración de la población de La Matanza entre el censo de 2001 y el del 2010 y la incidencia de ese dato en la distribución de la coparticipación provincial.

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La primera acusación fue realizada por el intendente de Tres FebreroDiego Valenzuela, quien también fue validado como querellante por el juez subrogante del Tribunal del Juzgado. Asimismo, el intendente de General PueyrredónGuillermo Montenegro, también fue aceptado como querellante en la causa.

La fiscalía le pidió al director del INDEC, Marco Lavagna, que envíe a la Justicia los registros de población de La Matanza del Censo 2022.
La fiscalía le pidió al director del INDEC, Marco Lavagna, que envíe a la Justicia los registros de población de La Matanza del Censo 2022.

En rigor, la presentación judicial se enmarca en un análisis realizado por varios intendentes bonaerenses de Juntos que determina que la supuesta manipulación de los datos censales en La Matanza podría haber provocado pérdidas económicas en sus municipios.

Con la presunta adulteración en la población de La Matanza en el Censo 2010, los intendentes indicaron que las perdidas fueron de $1.400 millones para La Plata; $1.310 millones para Quilmes, $1.290 millones para General Pueyrredón, $910 millones para Lanús y $680 millones para Tres de Febrero, entre otros.

Cabe destacar que, la ley provincial 10.559 es la que estatuye la composición de la masa coparticipable y el régimen jurídico con el cual se lleva adelante la división entre los municipios.

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Cada municipio tiene su propio Coeficiente Único de Distribución (CUD), que no es estático, sino que puede sufrir variaciones año a año. En esa línea, el intendente de Tres de Febrero había denunciado que “el aumento de uno impacta en el resto de la masa coparticipable, a expensas de los restantes”

Según el Censo 2010, La Matanza alcanzó los 1.775.816 habitantes, algo que Valenzuela calificó como “un abrupto ascenso poblacional sin que exista para ello un fenómeno demográfico atípico que pueda brindar una explicación plausible”.

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