La Cámara de Diputados bonaerense aprobó en su tercera sesión del año por unanimidad el proyecto de Ley de Identidad de Origen, que busca garantizar el acceso a ese derecho primario a través de una serie de herramientas destinadas a las personas que estén buscando a sus familias. La iniciativa recogió algunos cambios menores, por lo que deberá ser sancionada por el Senado. Otras provincias, como Entre Rios, Santa Fe, Chaco y Mendoza ya habían avanzado en normas similares.
“Estamos muy contentos de haber dado otro paso hacia la sanción definitiva de la Ley de Identidad de Origen. Este es el compromiso asumido con las personas que buscan su identidad”, afirmó el senador bonaerense del Frente de Todos, José Luis Pallares, uno de los creadores de la iniciativa junto con el legislador mandato cumplido, Franco Bagnato. Como coautores de la Ley de Identidad de Origen figuran sus pares Ana Devalle y Adrián Santarelli.
La iniciativa crea “tres vías protegidas” para que las personas que fueron privadas de su identidad biológica pueden conocer la misma: una judicial, una administrativa a cargo del Poder Ejecutivo, y una particular a la que pueden optar los buscadores con el apoyo del Estado para acceder a los archivos que puedan servir para descubrir sus familias biológicas.
La propuesta legislativa se asienta sobre los principios de informalidad (no será necesario un patrocinio de un letrado); de celeridad (se deberá dar pronta respuesta a las solicitudes); de gratuidad (no se cobrarán tasas); de responsabilidad; de confidencialidad (habrá estricta reserva sobre el peticionante); de tutela efectiva; de máxima información; de buena fé; y de no discriminación.
“A través de la Ley de Identidad de Origen, la provincia de Buenos Aires se pone a la vanguardia en la defensa del derecho a la identidad de origen. Hay muchas personas en esta situación y nos han contado sus experiencias de vida realmente conmovedoras “, expresó el senador massista, José Luis Pallares. Se calcula que hay alrededor de tres millones de argentinos que buscan determinar su identidad de origen.
La Ley de Identidad de Origen también establece el impulso de campañas de concientización, mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la norma, capacitaciones a los organismos de la administración pública, convenios de cooperación y la adecuación de normativas en caso de ser necesario.
Uno de los diputados encargados de defender el proyecto de Ley de Identidad de Origen en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense fue el también renovador Juan “Tachu” Malpelli. “Este proyecto viene a resolver un derecho ausente. Quiero remarcar que la media sanción se logró con un gran compromiso del senador José Luis Pallares y otros legisladores, como Franco Bagnato, que convocaron al colectivo de buscadores”, apuntó el platense.
En su artículo 9° la Ley de Identidad de Origen resuelve que “el legitimado, el magistrado interviniente y/o la autoridad de aplicación, podrán acceder a los datos contenidos en registros de hospitales, historias clínicas de parturientas, libros de partos, de nacimiento, de neonatología y de defunciones de establecimientos sanitarios de gestión pública o privada como así también la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires”.
El diputado bonaerense remarcó que ese trabajo amplio fue lo que pavimentó la unanimidad absoluta que obtuvo la Ley de Identidad de Origen tanto en el Senado bonaerense como en la Cámara baja durante la jornada de ayer. “Creo que eso nos marca el rumbo de cómo debe trabajar la política para solucionar los grandes problemas de los bonaerenses”, remarcó “Tachu” Malpelli.
En cuanto a los tiempos el proyecto de Ley de Identidad de Origen establece que las “las dependencias públicas y privadas deberán otorgar la información que le fuere solicitada dentro del plazo de 15 días hábiles, no pudiendo ser gravada con ningún cargo”.
Otro punto importante de la Ley de Identidad de Origen es que plantea la gratuidad de los estudios genéticos, en caso de ser requeridos. “Los efectores públicos de salud que cuenten con la infraestructura apropiada deberán prestar colaboración y asistencia para la realización gratuita de pruebas genéticas en el supuesto que el peticionante acredite no disponer de medios para sufragar tales estudios, de conformidad con la reglamentación”, define el proyecto.
Por último, Ley de Identidad de Origen también impone sanciones de 10 a cuarenta 40 salarios mínimos de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, para los funcionarios públicos y los establecimientos privados que no cumplieran con los deberes establecidos en la presente ley.
