viernes, marzo 29, 2024

La agenda judicial que estudia el oficialismo en la Legislatura bonaerense

El Ministro de Justicia y DDHH se reunió con el senador Francisco Durañona para avanzar en la discusión de una serie de iniciativas.

Luego de haber consagrado la Ley de Víctimas y la expropiación de terrenos para la construcción de unidades penitenciarias, el objetivo del oficialismo para este 2021 es poder hacer cambios en profundidad sobre el funcionamiento del anacrónico Poder Judicial, muy cuestionado desde hace años.

En ese orden, el senador del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona, se reunió con el ministro de Justicia y Derechos humanos de la Provincia, Julio Alak, para plantear las necesidades de avanzar con esa temática en la agenda legislativa 2021.

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“Observando distintas situaciones, como el femicidio de Rojas, vemos una percepción de rechazo al funcionamiento del Poder Judicial en la Provincia, entonces tenemos que avanzar en una profunda reforma judicial: que sea un Poder moderno, accesible, cercano a las comunidades, con las funciones y competencias para responder a las demandas actuales, con los presupuestos que se necesiten y para lograrlo hay que hacer reformas fuertes”, expresó Durañona a Diputados Bonaerenses.

Por caso, el femicidio de la joven Úrsula Bahillo en esa localidad desató una ola de indignación muy fuerte ya que había realizado una serie de denuncias por violencia de género que nunca habían sido escuchadas, lo que derivó en su trágica muerte. A partir de ese caso, el pedido de reforma judicial se hizo más fuerte e incluso se produjeron marchas en todo el país.

“Uno de los grandes dramas tiene que ver con legislación antigua que no permite que se avance de la manera que los bonaerenses lo necesitan en el siglo XXI. En la inmensa mayoría de los municipios del interior no hay acceso a la justicia para cuestiones clave como, por ejemplo, las cuestiones de género”, ejemplificó el senador.

En ese orden, las propuestas que llevó ante Alak el exintendente de San Antonio de Areco tienen que ver con reformas que aceleren el tiempo de los procesos; incorporación de herramientas digitales y tecnológicas que garanticen el acceso a la Justicia; disminución de las instancias de apelaciones que hacen que sean procesos muy extensos; fortalecimiento de la Justicia en los municipios que incluye readaptar los Juzgados de Paz.

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“En los municipios del interior no existe competencia en lo correccional o el consumo, en esos tribunales deben atender como corresponde a estos casos, como así también debe haber una presencia de fiscales y defensores oficiales, que no hay en muchos distritos, para dar respuestas a las necesidades de la comunidad”, señaló.

 

 

Según destacó el senador, el ministro Alak se mostró “totalmente abierto” a trabajar estos aspectos, y destacó que se debe a que tiene una extensa trayectoria como Intendente, funcionario nacional “y conoce la provincia”, por lo que quedó claro que va a haber “avances en los procesos que están afianzados y son parte de la agenda de este año”.

En ese orden, desde la comisión de Legislación General que preside desde el año pasado, Durañona y sus pares de bloque, con el presidente Gervasio Bozzano en un rol importante dentro de la misión, deberán alcanzar los consensos con la oposición –que tiene mayoría al menos hasta diciembre- para poder dar luz verde a las iniciativas.

“Trabajamos mucho dentro de la comisión de Legislación General en los consensos con la oposición, y el vicepresidente Leandro Blanco tiene una conducta destacable en su esfuerzo por lograr acuerdos en temas que son necesidades de fondo para la Provincia. A pesar de que sea año electoral, tenemos que trabajar para fortalecer la agenda legislativa”, sostuvo Durañona.

 

 

En ese orden, el legislador destacó la aprobación de la convocatoria del Consejo de la Magistratura de la Provincia al concurso para cubrir los cargos de Defensor y Subdefensor General, en el marco de la reciente sanción de la Ley de Víctimas.

“Es un avance enorme, es increíble que en un territorio como el nuestro, con la necesidad que hay de tener cobertura de defensores oficiales y más con la Ley de Víctimas, quedara en manos del Procurador la representación de los fiscales y defensores, es una gran contradicción; eso demuestra la vocación del Gobernador de dar respuesta en materia judicial”, aseguró.

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